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Una política monetaria anunciada por el gobierno no es sólo una decisión económica. Después de todo, son una apuesta política de alto riesgo al comienzo del segundo mandato de Lewis Abinadar.
Entre los aspectos positivos, el principal es que el gobierno ha decidido afrontar una realidad que muchos prefieren ignorar: las finanzas públicas necesitan reformas.
La administración optó por aceptar un precio político inmediato por no permitir que la crisis financiera siguiera escalando.
Ha buscado reducir el impacto social evitando fuertes impuestos al consumo y concentrando la carga en sectores con mayor capacidad contributiva. Desde esa perspectiva, el mensaje es de responsabilidad y resistencia.
Otro punto a favor es que el ejecutivo envía una señal de estabilidad a los organismos internacionales, a los inversores y a los mercados financieros.
Un gobierno que toma medidas para aumentar sus ingresos generalmente genera más confianza que aumentar la deuda para cubrir déficits persistentes.
Pero los riesgos políticos son igualmente obvios.
El primero es el conflicto. Durante años, el partido gobernante sostuvo que una mejor administración pública permitiría evitar mayores cargas fiscales. Las medidas anunciadas representan un cambio de retórica que la oposición seguramente aprovechará para acusar al gobierno de no cumplir una de sus promesas más delicadas.
Un segundo riesgo es la percepción ciudadana. Una parte importante de la población considera que el coste de la vida sigue aumentando mientras que los salarios avanzan más lentamente.
Aunque los nuevos impuestos no recaen directamente sobre el consumo masivo, se teme que se trasladen a los precios y servicios, afectando a la clase media y al sector popular.
También hay desafíos de credibilidad. Muchos ciudadanos pueden preguntarse por qué se buscan nuevos ingresos antes de lanzar un ataque más agresivo contra la evasión fiscal, las exenciones impugnadas y la ineficiencia estatal.
Políticamente, Lewis Abinadar apuesta a que la población entenderá la necesidad de coordinación y valorará la responsabilidad fiscal por encima del gasto inmediato.
Los opositores apuestan justo lo contrario: que los dominicanos que afirman estas medidas que prometen no aumentar la carga tributaria eran insostenibles.
El éxito o el fracaso de la estrategia dependerá de una cosa: si el público percibe que el gobierno también está haciendo sacrificios. Porque la política puede requerir impuestos.
Lo que nunca es aceptable es que sólo paguen por ellos las mismas personas todo el tiempo.
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