La Junta emite resoluciones para regular la actuación de los funcionarios en las campañas electorales
Según dispuso la Junta Central de Elecciones (JCE) en la resolución, no se permitirá el uso de fotografías o imágenes de funcionarios en carteles, vallas o material videográfico en espacios públicos o en medios de comunicación. 38-2023, emitida este miércoles, para regular la participación de las personas en las instituciones del Estado durante el período de precampaña y en la campaña electoral de 2024.
La directiva ha advertido que los funcionarios que no cumplan con lo dispuesto en la referida resolución serán multados entre 1 a 200 salarios mínimos, mientras que los candidatos pagarán lo mismo y seguirá vigente la multa de 50 a 100 salarios mínimos en el sector público. .
La agencia a cargo de la organización de las elecciones advirtió que cualquier funcionario responsable de utilizar los recursos económicos del Estado para promover sus ambiciones políticas o beneficiar a un tercero podría ser encarcelado de uno a tres años. , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316, Numeral 19 de la Ley Orgánica 20-23 de régimen electoral.
Prohíbe que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban financiamiento ilegal por parte de funcionarios públicos durante las precampañas y campañas electorales, sin perjuicio de que los terceros que participen en el operativo y que no sean funcionarios también podrán ser sancionados por pagar. Doble la sanción por aceptar aportes ilegales.
Asimismo, los funcionarios públicos no podrán, en ningún caso, utilizar las instituciones del Estado a su cargo para la promoción y promoción de sus aspiraciones políticas, internamente, para la promoción y propaganda, ni para mantener vehículos y otros recursos para dicho fin.
Tampoco forma parte de la propaganda institucional del Estado el uso de material propagandístico con fines de proselitismo.
Esta y otras advertencias están contenidas en la Resolución 38-2023 de la JCE, la cual está dirigida a todos los funcionarios públicos designados por decreto o designación de las instituciones gubernamentales y funcionarios de los ayuntamientos.
