El debate suscitado por la redacción de varios artículos del Código Penal nos llevará a poner la lupa sobre el proceso de elaboración de leyes y reglamentos en la República Dominicana. El problema es una deficiencia técnica que no se corrige con medidas políticas o regulatorias. Para explicar este problema podemos utilizar el proyecto que busca modificar 18 artículos del Código Penal que se ha planteado como solución. También está plagado de las mismas debilidades técnicas del Código Penal y hace poco para abordar las fallas que busca mejorar.
Este no es un problema exclusivo del Código Penal ni del actual Congreso, estas deficiencias técnicas están presentes en el proyecto que busca reformar el Código del Trabajo, están presentes en la Ley N° 30-26 que introdujo el ajuste tributario existente, pero también estuvieron presentes en la Ley 31-11 que reformó la Ley General de Sociedades, introduciendo la Ley 10-10. La gran mayoría de legislación prácticamente significativa que ha salido del Congreso en los últimos 25 años. Desafortunadamente, esto no se limita a la ley. Los sectores regulados como la banca, las telecomunicaciones, los seguros, el mercado de valores, la seguridad social, etc. están atrapados en regulaciones mal concebidas, mal redactadas, a menudo confusas y, en muchos casos, imponen a los reguladores poderes que la ley no les otorga.
Comúnmente se le llama “técnica legislativa” y sus falencias en República Dominicana fueron reconocidas en el mismo Manual de Técnica Legislativa que la Cámara de Diputados promulgó en 2017. Lamentablemente, la existencia de este manual no parece tener un impacto claro, y no se entienden conceptos básicos como palabras utilizadas en un texto penal.
Si bien la responsabilidad recae, y debería, en el liderazgo de las agencias legislativas y regulatorias, me gustaría llamar la atención sobre los equipos técnicos y el personal de apoyo legislativo, que permanecen en sus puestos durante los cambios importantes y que están llamados a preservar la continuidad institucional; sin duda, muchos de esos errores son el resultado de su trabajo.
Entiendo que es importante resaltar esto porque debemos tener claro que lo que está pasando con nuestras leyes y reglamentos no es un problema político que se solucionará con elecciones, ni un problema regulatorio que se solucionará con más normas y reglamentos, es un problema de calidad puramente técnico que requiere educación, capacitación, indicadores mensurables y evaluación continua del desempeño que llevará tiempo.
Las leyes por sí solas no son el fin, por eso cómo están escritas es tanto o más importante que la ley misma. No basta con decir que tenemos un nuevo Código Penal si, debido a su débil concepto, algunas partes del mismo no pueden sobrevivir a la lectura del Tribunal Constitucional y, debido a su débil redacción, otras partes no pueden aplicarse en la práctica porque nadie entiende su significado. Que el nuevo código penal nos sirva de lección para que esto no vuelva a suceder.
