Paciente con cáncer demanda a Sensa por denegación y retraso en el tratamiento
El abogado Ariel Roberto Contreras presentó una demanda contra el Seguro Nacional de Salud de Meadows (Cenasa) y su director ejecutivo Edward Guzmán Padilla por responsabilidad paterna.
La acción legal, interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo, acusa a la entidad de negar y retrasar la cobertura de la terapia con yodo radiactivo prescrita tras un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides.
El demandante fue diagnosticado en diciembre de 2024 y se sometió a una tiroidectomía total.
Tras la cirugía, los expertos indican terapia ablativa con yodo radiactivo I-131 para tratar posibles células malignas residuales.
Según el expediente, el 3 de febrero de 2025, SENASA informó al paciente que el procedimiento no estaba incluido en su plan de servicios, por lo que le negó la cobertura. Ante el rechazo, Contreras Meadows recurrió a una acción de amparo.
El 24 de febrero de 2025, la Sala Cuarta del Tribunal Superior Administrativo ordenó a la aseguradora cubrir el 80% del tratamiento e impuso sanciones pecuniarias diarias por incumplimiento.
El documento sostiene que, a pesar de este fallo y decisiones posteriores de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que rechazaron el recurso de apelación de la institución, SENASA retrasó la implementación de la medida.
El caso alega funcionamiento anormal de la administración pública y falta de servicios.
El demandante solicita al tribunal que se establezca la responsabilidad solidaria de la institución y sus funcionarios, así como que se les indemnice por los daños materiales, morales, psicológicos y profesionales sufridos durante el proceso.
En paralelo, Contreras Medos presentó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra exfuncionarios y particulares del SENASA.
Esta instancia busca determinar si las acciones denunciadas corresponden a decisiones administrativas aisladas o si tienen relación con irregularidades investigadas en la denominada Operación Cobra.
Las autoridades competentes deben evaluar las pruebas bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
