Agentes de inmigración y conductores van a la cárcel por cobrar hasta 40.000 dólares en sobornos a haitianos
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi impuso un año Prisión preventivaComo medida de coerción, un agente migratorio y un conductor que cargó un soborno a inmigrantes indocumentados que también fueron introducidos clandestinamente en vehículos gubernamentales.
La medida se impone a los agentes migratorios Gustavo Adolfo García Vásquez y el conductor Joel Antonio Castillo ReynosoDirección General de Migraciones (DGM), ambas adscritas a la División de Sanciones Migratorias con sede en Puerto Plata.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal judicial Myrna Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yonvi Alfredo González Muéses y Ernesto Guzmán, junto a quienes miden la deficiencia de Alberston. Excepto prisión preventiva.
Los fiscales de la Pepca establecieron durante la investigación que los hechos ocurrieron el 19 de junio cuando los ahora procesados 32 nacionales haitianos indocumentados (31 hombres y una mujer) se encontraban en una misión para transportar un camión de la DGM desde el Centro de Inducción Migratoria en Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio en Dajabporton, desde donde serían deportados.
Luego de completar esa misión, ambos, a pesar de no poder llevar ningún tipo de personas en el vehículo en su camino de regreso. También fueron sorprendidos mientras transportaban a 22 haitianos indocumentadosIncluso los menores de edad, cuando regresaron a Puerto Plata, fueron detenidos en flagrante delito.
Fue detenido por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interinstitucional ubicada en la zona de Cope del municipio de Pepilo Salcedo en la provincia de Montecristi.
El expediente detalla que el vehículo utilizado para la prohibición migratoria, un camión Schackman blanco, era sospechoso porque estaba cargado. Migrante Migrante Del lado opuesto de la carretera se encuentra el Centro de Procesamiento Migratorio de Dazabón, donde el camión dejó a 32 ciudadanos haitianos indocumentados que habían sido trasladados desde Puerto Plata pocas horas antes ese mismo día.
Al ser consultados por el control migratorio de la provincia de Montecristi qué llevaban en el camión, García Vásquez y Castillo Reynoso respondieron que los nacionales haitianos, de aspecto inquieto y nervioso presentaban un perfil sospechoso, en esta situación se registró el vehículo de carga, encontrándose que estaban sentados en el transporte de veinte inmigrantes. Camión (parte trasera) luego de regresar a Puerto Plata.
Luego de exigir a estas personas que mostraran documentación para acreditar su legalidad en el país, respondieron que no tenían los documentos. Dos de ellos informaron que uno de sus jefes lo esperaba en Puerto Plata y que le iba a pagar RD$22,000 y el otro RD$24,000. En el proceso se estableció que todos ellos tenían estatus migratorio irregular por falta de visas u otros documentos legales y fueron detenidos para realizar el trámite migratorio correspondiente.
En el proceso se descartó que 22 extranjeros hayan sido detenidos en operativos rutinarios de control migratorio, ya que no aparecen en las listas oficiales elaboradas para tal efecto.
El Ministerio Público explicó que los imputados, dependiendo de su condición de empleados de instituciones públicas y las herramientas de trabajo de las que disponían, las utilizaban para traficar con personas en situación migratoria irregular a cambio de sobornos.
Para transferencia ilegal, pago dentro RD$12,000 y RD$40,000 por personaLos desembolsos se realizan en efectivo o transferencias, generalmente manejadas por familiares en Haití o República Dominicana.
En otros casos, la migración ilegal de migrantes se produjo luego de que ciudadanos haitianos fueran contactados a través de redes sociales o a través de agencias de viajes que ofrecían ingreso al país u otros destinos sin requisitos legales, indicó el expediente.
La jueza Javierka Gómez ordenó que el recluso preste servicio en el Penal Público de Montecristi.
Órgano de Fiscalía amplía investigación. Castillo y García han sido juzgados por violar el artículo 146 de la Constitución, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal dominicano, que tipifican como delitos los actos de corrupción y soborno. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 46-25, que modifica el artículo 2 de la Ley N° 137, que sanciona el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas.
