Pasó 20 años preso sin condena: el tribunal ordenó su libertad
Un hombre que había estado privado de libertad durante casi 20 años sin una sentencia judicial firme recuperó su libertad después de que un tribunal aceptara una acción de hábeas corpus presentada por su defensa.
Se trata de Chiquín Jiménez, quien se encuentra recluido en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Beler de Dajabán desde el 20 de junio de 2006, cuando se le impuso orden de prisión preventiva en un proceso ACN un presunto asesinato que, según su defensa, nunca fue probado.
Según el expediente, Jiménez tenía problemas de salud mental. En marzo de 2009, durante una audiencia celebrada ante el Tribunal Colegiado de Dajaban, tanto el Ministerio Público como la Defensa solicitaron la aplicación de un procedimiento especial para personas indigentes, sustentados en informes médicos que acreditaran su condición.
Sin embargo, el tribunal rechazó esa solicitud al considerar que no se confirmó el estado de salud mental del acusado. En cambio, decidió suspender el proceso penal hasta que el acusado recuperara su salud mental y ordenó su traslado a un centro especial de atención psiquiátrica en lugar de permanecer en prisión.
Sin embargo, esa disposición nunca se implementó. Como resultado, Jiménez permaneció encarcelado en CCR Belair durante casi dos décadas, sin que se emitiera una decisión final sobre su caso ni se definiera su estatus legal.
La defensa sostuvo que, si bien la privación de libertad en el momento de su detención fue inicialmente legal, la suspensión indefinida del proceso convirtió esa medida en una detención "irrazonable, ilegal y arbitraria" a partir de 2009.
Ante esta situación, los abogados interpusieron una acción de hábeas corpus, argumentando que el encarcelamiento del imputado violó sus derechos fundamentales, privado de libertad sin sentencia y sin cumplir con una orden judicial de traslado a un centro de salud mental.
El tribunal aceptó el recurso, permitiendo a Chiquín Jiménez recuperar su libertad después de casi 20 años de prisión que no fue reemplazada por la decisión final del proceso penal.
