Lejos de ser responsabilidad exclusiva de las respetadas cámaras del Congreso (que a veces se ven frenadas por conflictos políticos e intereses sectoriales), lo cierto es que tienen el desafío de superar una cierta falta de eficacia y voluntad institucional para superar obstáculos externos a través de una moneda: república Actualizado legalmente en nombre del interés nacional.
Así, serán mejores exponentes del sentimiento nacional y con mayor capacidad para superar el estancamiento que priva al Estado de importantes herramientas y marcos legales. Corresponde a quienes participan en las elecciones de representación ciudadana cada cuatro años reemplazar la maquinaria que ha perdurado debido a la liberalidad que los impulsó al poder. con vehemencia, unos contra otros, girando para resaltar las fallas que persisten incluso cuando los organismos oficiales cambian cíclicamente de manos de los partidos.
Es necesario superar la responsabilidad legislativa para satisfacer a los votantes mediante ejecuciones parlamentarias, que se encuentran, con diferencia, entre las más costosas de América Latina para el tamaño de la economía dominicana. él Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) El Congreso Nacional exige constantemente verificar que los gastos superen los promedios regionales; Uno de los cuatro altos o muy altos de este barrio del país.
En el cuadro comparativo, República Dominicana parece asignar a diputados y senadores, además de sus respectivos medios de trabajo y salarios, un costo por habitante de US$ 13,00, que es más del 35% del promedio latinoamericano y representa 10 veces el salario mínimo más alto del sector privado en el país. Tienen derecho a importar y transferir vehículos de alta calidad libres de impuestos cada dos años.
Hasta cierto punto, la notable circulación de los modelos de automóviles más caros a través de los espacios públicos explica estos beneficios extraordinarios y monetizables. Se trata de aranceles cero y otras exenciones de tasas que privan al fisco dominicano de un "impuesto selectivo al consumo" que permite al importador cobrar el equivalente al 80% del precio de lista del vehículo.
