Coincidencia histórica o no, los gobiernos del PRD y del PRM representaron períodos de cambio político y en muchos casos redefinieron el contrato social en la República Dominicana. En 1963, el gobierno de Juan Bosch intentó promover cambios profundos que fueron rechazados por las élites tradicionales -empresariales, militares y eclesiásticas- todavía dominadas por el trujilloismo.
Los ocho años del PRD (1978-1986) ampliaron las libertades civiles y estimularon nuevos sectores económicos que sustentan a gran parte de nuestra sociedad actual. El regreso de Balaguer en 1986 encontró un país que él había creado: el autoritarismo represivo ya no era viable, mientras que el turismo y las zonas francas comenzaban a consolidarse como pilares económicos.
La crisis de Baninter, acumulada a lo largo de los años pero enfrentada en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), transformó el sistema bancario y redefinió la relación entre usuarios e instituciones financieras. Asimismo, la Ley 87-01 creó el sistema de seguridad social, alterando estructuralmente dinámicas sociales clave.
El ascenso al poder del PRM en 2020, liderado por Luis Abinadar, se produce en un contexto global complejo. El primer cuatrienio se caracterizó por la recuperación tras la pandemia de Covid-19 con crisis externas como la guerra entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, la sociedad dominicana ha experimentado cambios significativos en su dinámica informativa: mayor acceso a la información, el surgimiento de las redes sociales y la proliferación de comunicadores e influencers que dan forma a narrativas, muchas veces alejadas de datos objetivos.
Algunos sintieron que estas herramientas digitales se utilizaron para ganar poder político. Sin embargo, en el periodo 2016-2020 la crítica digital tuvo menos influencia y se mantuvo el fuerte control de los medios tradicionales. La expansión de lo digital precisamente se consolida entre 2020 y 2024.
Hoy la sociedad dominicana está sumida en una lucha narrativa. Este fenómeno revela una realidad profunda: estamos ante la construcción de un nuevo contrato social. Las reformas impulsadas por el gobierno, como el Código Penal, buscan actualizar un marco institucional rezagado. Sin embargo, cada cambio genera resistencia, especialmente amplificada por el ruido de los medios.
El desafío es sortear ese ruido sin permitir que distorsione los resultados. Es imprescindible escuchar, pero imprescindible distinguir. De lo contrario, se corre el peligro de perder la confianza del público.
