Exigieron reactivar las investigaciones por presunto peculado en el SENASA y denunciaron presiones para hacer campaña por la impunidad.
La Convergencia Nacional Contra el Hurto a la Seguridad Social exigió a la Fiscalía General de la República reabrir una investigación por presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA), denunciando que el proceso ha sido paralizado por supuestas presiones políticas para garantizar la impunidad.
El organismo sostuvo que la suspensión de la investigación beneficia a sectores que dicen beneficiarse económicamente de los recursos destinados a la salud pública, situación que calificó como una grave afrenta a los intereses de la población dominicana.
Para el movimiento, el cierre de la investigación constituye un incidente más alarmante que las irregularidades denunciadas, ya que impedirá establecer responsabilidades y sancionar a los involucrados en un caso que compromete los fondos destinados a garantizar los servicios de salud a miles de ciudadanos.
El abogado Miguel Surun Hernández, expresidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) y presidente de la organización, dijo que las autoridades deben explicar las razones por las que el expediente, conocido como "Cenasa 2.0″, se encuentra estancado en una larga investigación.
Sostuvo que con base en las pruebas y el material que otras diligencias judiciales habían ayudado a iniciar la investigación, no había motivo para que no se hiciera la misma determinación contra quienes presuntamente se habrían beneficiado de los recursos desviados.
De igual forma, señaló que las investigaciones deben alcanzar a todos los actores mencionados en el expediente, independientemente de su posición económica, política o empresarial, y recordó que el caso incluye a personas que, según las acusaciones, apoyaron a través de contratos de tolerancia y operaciones por miles de millones de pesos.
La agencia cita entre ellos a Eduardo Reed Estrella, Cynthia Acosta y Heidi Pineda, así como a Fred Oscar Imbert, Deleste, SA, y Lowell Fernández Whipple, asociados a Pharmacard. Según la denuncia, estas últimas empresas recibirán en conjunto unos 8.000 millones de dólares.
Surun Hernández advirtió que la inacción de las autoridades envía un mensaje negativo a la sociedad y refuerza la idea de que hay sectores protegidos de la corrupción.
Finalmente, exigió al Ministerio Público reactivar las investigaciones lo antes posible, profundizar las investigaciones pendientes y establecer responsabilidades respecto de un caso que, según él, involucra recursos relacionados al sistema de salud y, por ende, a todos los dominicanos.
