Las cinco funciones principales asociadas a los fondos públicos son: recaudación, inversión, supervisión, control y presentación de informes. Las instituciones del Estado establecidas en los artículos 247, 248 y 250 de la Constitución Dominicana son responsables de administrar: Ministerio de Finanzas y Economía (MHE), (Recaudaciones e Inversiones), Cámara de Cuentas, (Inspección, Control e Información). Contraloría General (supervisión interna y evaluación de la adecuada recaudación, gestión, uso e inversión de los recursos públicos y aprobación de órdenes de pago previa verificación del cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos de las instituciones bajo su ámbito de ley).
(MHE), elabora cada año el Estado de Recaudación de Rentas e Inversiones (ERIR), lo envía a la (CCRD), que sirve de base para la auditoría y análisis del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional cada año y presenta el informe correspondiente después del 30 de abril del año siguiente para la toma de decisiones.
De acuerdo a principios de contabilidad y normas de auditoría, se ha advertido una potencial discrepancia regulatoria en la función de resaltado que desempeña la Contraloría General de la República. Esto es así, porque en la supervisión interna que realiza la organización se producirá la situación de “juez y parte”, lo que restará credibilidad al informe.
En conclusión, la administración, supervisión y control de los fondos públicos debe ejercerse bajo los principios de transparencia, segregación de funciones, legalidad y responsabilidad institucional. Cuando una organización encargada de verificar el cumplimiento de los procesos también participa en la autorización de pagos, puede surgir una percepción de conflicto funcional que afecte la confianza en el sistema regulatorio del Estado.
Por lo tanto, para asegurar que los controles internos y externos se realicen con independencia, objetividad y estricto apego al marco constitucional y legal, es necesario revisar el alcance de las facultades delegadas a cada institución asociada a la gestión de los recursos públicos. Sólo así será posible fortalecer la credibilidad de la presentación de informes, la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en la administración pública.
