Las dramáticas condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en las que la clase trabajadora dominicana expone su existencia laboral y familiar alimentan su ira latente y la alientan a transformarse en movilización y rebelión a nivel regional.
Es relevante exigir un nuevo código laboral que incluya la vinculación del salario mínimo al costo de la canasta familiar básica y una "indexación automática" correspondiente al nivel de inflación: cuanto más aumente el precio de los bienes y servicios, mayor será el salario.
Cobrar prestaciones por desempleo. Ampliar la sindicalización y establecer negociaciones colectivas. Cerrar la brecha de género y garantizar el principio de “igual trabajo, igual remuneración” para hombres y mujeres. Eliminar cualquier práctica de supuesto "período de prueba" e inseguridad jurídica del empleo.
En términos de reformas estructurales, se debe desregular el servicio de salud, garantizando un servicio de salud pública universal y de calidad a los trabajadores y sus familias, haciendo redundante la existencia de ARS privadas.
Crear un sistema público de pensiones que desplace a las parasitarias AFP privadas y garantice a la población trabajadora una pensión digna y una jubilación con nivel de vida. La educación debe ser pública y de calidad.
Debemos ampliar el mercado interno, aumentar la producción con más valor agregado y apoyar consistentemente a las MIPYMES como principales empleadores.
La gestión empresarial en este país es casi policial, lo que explica un alto grado de abrogación de la libertad de asociación. Hay centros de hambre y algunos sindicatos, en su mayoría con líderes flexibles. La clase trabajadora se ve obligada a luchar en las localidades, fuera de las fábricas y en sus lugares de trabajo.
El trío negociador son defraudadores y propatronales: el gobierno, el CONEP y la oficina central, que determina que el código es bloqueado por intereses empresariales para revertir el desempleo e introducir nuevas cláusulas a su favor, con el pretexto de la modernización.
Con la ayuda de este gobierno corporativo, un Congreso corrupto y un sindicalismo débil y en gran medida dócil, están robando. El gobierno ha prometido ratificar el código que ya había acordado, pero no lo ha hecho. Se ve obstaculizado por el poder empresarial.
La única diferencia entre ellos es el tema de los despidos. Determina el coste de la erradicación que los sindicalistas flexibles y el gobierno se niegan a erradicar. El código todavía está bloqueado.
Los recursos disponibles para desbloquearlo y apoyar la acción contra el capital son fortalecer la solidaridad de todos los que viven de su trabajo con otros sectores pobres y salir a las calles contra privaciones intolerables.
