La violencia que sacude hoy al país no proviene de una generación espontánea. Es el resultado de una sociedad caracterizada por profundas divisiones sociales, donde la exclusión y el abandono acaban convirtiéndose en escuelas de desesperación.
La justicia social sigue siendo una promesa incumplida. Mientras algunas personas acumulan riqueza y privilegios, millones viven con salarios inadecuados, desempleo y oportunidades cada vez más escasas.
La educación, que se dice rompe el ciclo de la pobreza, muestra una grave incertidumbre. Escuelas deficientes, formación deficiente y pocas referencias morales dejan a muchos jóvenes sin herramientas para construir proyectos de vida.
La desigualdad alimenta el resentimiento. Cuando el éxito parece reservado para quienes nacen con ventaja o influencia, la desesperación encuentra un terreno fértil para la violencia y el crimen.
A esto se suma la corrupción estatal que socava la confianza de los ciudadanos. Cada peso desviado significa menos hospitales, menos aulas, menos seguridad y menos esperanza para quienes más necesitan al Estado.
Las nuevas generaciones crecen bombardeadas por mensajes donde el diálogo sustituye a la fuerza y el dinero parece justificar cualquier comportamiento. La violencia se normaliza como medio para ganar respeto o poder.
Ningún plan represivo puede resolver problemas cuyas raíces son sociales y morales. Las cárceles pueden contener delincuentes, pero no eliminan los factores que crean nuevos delincuentes todos los días.
Si el país quiere recuperar la paz, debe luchar contra la corrupción, garantizar la justicia social, transformar la educación y reducir la desigualdad. De lo contrario, seguirá cosechando la violencia que ha sembrado con indiferencia durante décadas.
