La policía puede enfrentar un caso en relación con la muerte del joven.
El director de la Defensoría Pública Nacional, Rodolfo Valentín Santos, advirtió este martes que la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios derivados de la muerte de jóvenes durante intervenciones policiales, considerando que esas demandas también generan responsabilidad financiera para el Estado.
El funcionario puso como ejemplo el reciente caso de Darlene Mercado, de 19 años, que se concretó en el sector Herrera, y sostuvo que, además de la eventual responsabilidad penal personal de los agentes involucrados, la institución policial podría ser demandada por daños y perjuicios.
Valentín Santos recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a varios Estados de la región por el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas policiales de derechos humanos, citando los casos de Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Montero Aranguren y otros vs. Venezuela, y Usan Ramírez.
Explicó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcionado y conforme a derecho, y que cuando un policía causa la muerte de un ciudadano fuera de estos principios, ambos Estados pueden enfrentar responsabilidad penal derivada de acciones individuales y reclamaciones patrimoniales de las víctimas y sus familiares.
El Director de la Defensa Pública afirmó que tal acción atenta contra la imagen internacional de República Dominicana, expone al Estado al seguimiento de organismos internacionales de derechos humanos y posible condena ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Agregó que el riesgo de litigios civiles aumenta porque muchas víctimas de la intervención policial tienen entre 18 y 25 años, etapa de la vida que los tribunales suelen valorar al determinar la indemnización por daños materiales y morales, debido a la expectativa de desarrollo personal y productivo de las víctimas.
Valentín Santos llamó al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Policía y Policía Nacional a fortalecer la capacitación de agentes de derechos humanos, fortalecer los sistemas de control interno y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de uso de la fuerza.
"No podemos seguir perdiendo vidas jóvenes ni exponer al Estado dominicano a la condena internacional y a grandes demandas civiles. La seguridad civil debe garantizarse siempre con pleno respeto a la vida, la dignidad humana y el Estado de derecho", afirmó.
