Panorama Nacional. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este viernes la suspensión de oficio del procedimiento simplificado de contratación nro. AYTO. TERRENAS-CCC-CP-2026-0004, fue convocada por el Ayuntamiento de Las Terrenas para la construcción de la segunda fase de aceras y bordillos en ese municipio, por un monto de RD$5,159,276.39.
La decisión se tomó como resultado de un seguimiento preventivo que identificó múltiples incumplimientos a la nueva Ley de Contrataciones Públicas N° 47-25 y su Reglamento N° 52-26, que comprometen la legalidad, transparencia y buen desarrollo del proceso, imposibilitando su continuidad en las condiciones en que fue convocado.
Entre los principales hallazgos identificados por la DGCP y orientados en la Ley Administrativa núm. El Monitoreo-11-2026, incluyendo la ausencia de estudios previos, es un documento obligatorio que es la base de todos los planes de adquisiciones públicas; Exclusión de un perito jurídico en el comité evaluador, cuya integración multidisciplinaria es requerida por la normativa vigente; Así como la utilización de disposiciones legales derogadas como base del procedimiento.
Asimismo, el órgano rector comprobó que el expediente contenía otras deficiencias relevantes entre ellas la falta de publicación del procedimiento en el portal institucional, la referencia a una resolución umbral relacionada con 2025 en lugar de la vigente para 2026, inconsistencias en el procedimiento contractual, diferencias graves entre la oferta del documento requerido y la oferta técnica. Omisiones en documentación requerida para garantías, dotaciones técnicas y financieras, falta de puesto de supervisor de contratos, errores en solicitudes de anticipos para MiPymes y disposiciones contractuales inconsistentes con la nueva ley.
Sobre el seguimiento preventivo
La DGCP recordó que el seguimiento preventivo, formalizado en el artículo 186 de la Ley 47-25, constituye una herramienta encaminada a verificar el cumplimiento de las normas durante el desarrollo de los procesos contractuales, con el objetivo de identificar riesgos y corregir oportunamente situaciones que puedan afectar la transparencia, la competencia y el interés público antes de que el contrato genere efectos concretos.
En este sentido, la institución reiteró que la suspensión de inaguración responde al mandato legal de asegurar la excelencia, integridad y transparencia del sistema nacional de adquisiciones públicas y es parte de las medidas preventivas para fortalecer la adecuada aplicación de la nueva ley de adquisiciones públicas por parte de las instituciones contratantes.
