El Colectivo Migración y Derechos Humanos llamó al gobierno a retirar los protocolos migratorios en los hospitales y retirar a los agentes migratorios de los centros de salud.
Las organizaciones propusieron abrir un diálogo con la sociedad civil, trabajadores de la salud, agencias especializadas y organizaciones de derechos humanos para garantizar una política migratoria consistente con la dignidad humana, la salud pública y la no discriminación.
El grupo entregó esta mañana más de 1.000 firmas al presidente Luis Abinadar, exigiendo el retiro del protocolo migratorio del hospital.
"Dijeron que van a Palacio Nacional a solicitar que se deseche un sistema que genera miedo, exclusión y riesgos a la salud de las poblaciones vulnerables y a la salud pública nacional".
Más de 1.000 personas y organizaciones exigen que los hospitales creen espacios seguros y garanticen el derecho a la salud de todas las personas, inmigrantes o no.
Las firmas fueron recolectadas a través de una campaña ciudadana instando al presidente Abinadar a cancelar de inmediato el protocolo migratorio implementado en los hospitales públicos del país.
Durante la entrega, los representantes del Colectivo señalaron que los hospitales deben mantenerse como lugares seguros donde prevalezca el derecho de las personas a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, independientemente de su estatus migratorio.
La petición cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones como Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, Mujeres Socio-Politicas Mamá Tingó, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Fundación Frederich Ebert, Missioneras ID, Youme, Essinabrus, Red AC Batey los Jovillos, OBMICA, Red CLAMOR, Hermanas de los Sagrados Corazones, Foro Feminista, Doctoras del Consejo Mundial o Latinoamericano de Ciencias Sociales. (CLACSO), entre otros.
"Una sala de partos no es el lugar para hacer política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre que acaba de dar a luz o una familia con un niño evitan ir al hospital por miedo, están poniendo en riesgo su vida y la salud pública", expresaron durante el parto.
El grupo señala que la presencia de agentes migratorios en los centros hospitalarios limita el derecho a la salud y afecta particularmente a mujeres embarazadas, niñas, niños, inmigrantes haitianos pero también a dominicanos de origen haitiano, negros o indocumentados, que pueden ser víctimas de perfiles raciales.
“Esta distribución de firmas representa la voz de miles de personas que sienten que la salud es un derecho fundamental que no debe estar condicionado por la política migratoria.
Las mujeres y hombres dominicanos saben lo que significa migrar. Los inmigrantes dominicanos contribuyen a las sociedades en las que viven, así como los inmigrantes que viven en la República Dominicana contribuyen a nuestro país.
La campaña destaca que la implementación de controles migratorios en los hospitales desalienta la atención médica oportuna con graves consecuencias.
Recuerdan que la Constitución de la República Dominicana establece la salud como un derecho y que el Estado está comprometido a garantizar el acceso universal y no discriminatorio a la atención médica.
Pablo Mela, del Centro Montalvo;
Abraham Apolinario, Cáritas Arquidiocesana; Ildalina Tatem, feminista;
Lia Concepción, Colectivo de Migración por Derechos Humanos y Anna Mithila Lora – Periodista.
El grupo reconoció que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de gestionar la política migratoria, pero enfatizó que esa responsabilidad tiene límites claros. "La gestión migratoria no se puede hacer en un lugar donde se protege la vida. Los hospitales deben ser lugares seguros para todas las personas en la región dominicana", afirmó.
