La Fiscalía de Colombia citó al expresidente Uribe por un caso paramilitar
La fiscalía de Colombia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe por la creación de un grupo paramilitar, las masacres de El Arro y La Granja y el asesinato de un activista de derechos humanos.
Estas masacres tuvieron lugar a finales de los años 1990 en el municipio de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia, del que Uribe era entonces gobernador.
La denuncia del expresidente se produce a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que disputarán el conservador Abelardo de la Esprilla y el senador izquierdista Iván Cepeda.
El propio Uribe, que presidió Colombia durante dos mandatos consecutivos de 2002 a 2010, informó sobre la investigación en sus redes sociales: "De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos informó hace un tiempo que lo citaba a indagatoria en el aro, finca, José María Valle y horas antes de esta elección".
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de derechos humanos que condenó la participación de militares y grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por fuerzas paramilitares.
En un comunicado, la fiscalía adscrita a la Corte Suprema indicó que los delitos en los que presuntamente estaría involucrado el expresidente "son homicidio en persona protegida y concierto para asesinar".
Según el documento, Uribe presuntamente "facilitó y promovió las actividades de una estructura armada organizada al margen de la ley, que en su momento utilizó como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez".
La extensa hacienda Las Guacharas, ubicada en el municipio de San Roque, era propiedad de la familia del expresidente desde 1978 y era utilizada como base para grupos paramilitares, según la fiscalía.
El hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue condenado a 28 años de prisión a principios de este mes por "conspiración para delinquir y homicidio agravado" tras descubrirse que era el líder del grupo paramilitar conocido como los "12 Apóstoles".
En la investigación abierta contra el expresidente, la Fiscalía constató "la posible participación del exgobernador en incursiones paramilitares en los distritos de La Granja y El Aro del municipio de Ituango entre 1996 y 1997, donde se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados e incendios de viviendas".
¿Cómo fueron las masacres?
El 11 de junio de 1996, miembros de las Autodefensas Campesinas, estructura paramilitar de Córdoba y Urabá, torturaron y asesinaron a cinco personas acusadas de ayudar a la guerrilla frente a sus vecinos y familiares en la localidad de La Granja.
Un año después, el 22 de octubre de 1996, este mismo grupo paramilitar llegó a la localidad de El Aro, donde asesinaron a 17 personas.
Las milicias torturaron a sus víctimas durante 7 días en el municipio, quemaron muchas casas y obligaron al desplazamiento de más de 700 personas.
Los grupos paramilitares que operaron en la región durante esos años estaban compuestos en su mayoría por ganaderos, comerciantes y policías, y trabajaron en concierto con las fuerzas armadas para frenar la expansión de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía también quiere investigar la "responsabilidad del expresidente por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo ocurrido en 1998″, por lo que "próximamente será citado a investigación".
En 2025, Uribe fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario por fraude y soborno en un largo juicio ACN presunta manipulación de testigos.
Uribe fue absuelto en segunda instancia, aunque el caso ahora está siendo revisado por el máximo tribunal del país.
El expresidente fue acusado en el juicio de ordenar a un abogado que pagara sobornos a paramilitares encarcelados para negar las acusaciones de que tenía vínculos con los grupos.
Uribe siempre ha sostenido su inocencia, afirmando que fue víctima de persecución política.
La Comisión de la Verdad de Colombia, surgida de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, concluyó que los paramilitares fueron responsables de al menos la mitad de las más de 450.000 muertes reclamadas en el conflicto colombiano entre 1985 y 2018.
La sombra del paramilitarismo acompañará a Uribe por el resto de su vida
Uribe tiene 73 años y la justicia colombiana está altamente garantizada.
En términos legales, implica que un sistema de justicia respeta el debido proceso y prioriza la protección de los derechos y libertades de los inocentes y los acusados.
En Columbia esto resultó en pruebas que parecían interminables.
El propio expresidente lleva 13 años librando un caso por soborno a testigos que desembocó en arresto domiciliario, condena en primera instancia y posterior absolución. El proceso está ahora en manos de la Corte Suprema.
Debido a su edad y las garantías del sistema, muchos en Colombia piensan que Uribe nunca irá a la cárcel, incluso si es condenado irrevocablemente.
Pero una nueva investigación sobre presuntos vínculos con fuerzas paramilitares ha profundizado la sombra que ha seguido a Uribe durante décadas.
Exista o no convicción o conocimiento de la verdad, ese peso acompañará al expresidente por el resto de su vida.
