No importa cuán apremiantes sean los desafíos, como la actual crisis derivada del aumento de los precios del petróleo, ha demostrado una vez más que no se puede contar con la oposición, que apuesta a que el gobierno no pesca en aguas turbulentas, para abordarlos. En lugar de observaciones sensibles, los líderes de la oposición han recurrido a críticas destinadas a aumentar el malestar debido a aumentos incluso moderados en alimentos y otras necesidades básicas.
No está en juego la reforma fiscal si el proyecto presentado por el gobierno para hacer frente a una crisis que podría tener consecuencias nefastas para el país. Lo que importa es si las medidas son adecuadas para mitigar el impacto sobre la estabilidad y el crecimiento de una guerra que, gracias a Dios, parece estar en camino a una resolución. Sin condiciones para iniciativas de mayor alcance, el gobierno, que no puede quedarse de brazos cruzados, ha sido prudente.
Si bien es cierto que hubo que esperar a que se desarrollaran los acontecimientos, parece que tomó mucho tiempo implementar medidas para abordar los desafíos que afectan a República Dominicana. Además de garantizar el sustento de los más necesitados, el factor más importante es la estabilidad que, junto a la seguridad jurídica, ha determinado que consorcios financieros como Scotiabank hayan elegido República Dominicana para instalar sus centros de operaciones en el Caribe, Centroamérica y Colombia. Y esto ha inspirado el crecimiento de la inversión, no sólo en el sector turístico.
Lo ideal es que cada sector haga su parte para garantizar la estabilidad y el crecimiento y prevenir la volatilidad, la contracción y la hiperinflación, manteniendo a flote el barco del Estado en medio de mares tormentosos. Ante posibilidades tan amplias, empresarios y sindicalistas han apoyado, no sin observación, estas medidas, con las que el Gobierno pretende recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares.
El Ministerio de Hacienda ha aclarado que el plan anticrisis no es una reforma fiscal. Pero aun así lo que prevalece es el interés de la nación. A diferencia de la iniciativa presentada en 2024, que fue retirada por protestas de diversos sectores, esta vez el gobierno tiene una estrategia política, hay que reconocerlo, para cobrar a quienes tienen más capacidad de proteger a las mipymes, a la clase media y a los sectores más vulnerables.
(A veces reflexiono que aquí pensamos demasiado en los pobres que con poco esfuerzo dejan de ser pobres y en la clase media que está acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades). Pero por ahora eso no está sucediendo.
