El alcalde de Lima pidió mayor seguridad ante posible violencia por los resultados electorales
Lima. El alcalde de Lima, Renzo Regiardo, pidió este jueves al presidente interino de Perú, José María Balcazar, y a las fuerzas de seguridad nacionales fortalecer el control disciplinario interno en la capital para prevenir posibles actos de violencia por un empate técnico en la segunda vuelta presidencial.
Con el 98,24% de los votos, la candidata de derecha Keiko Fujimori (Fuerza Popular) encabezada por el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y una voz cercana a su partido convocó a una marcha "en defensa de la voluntad popular" en el centro de Lima este viernes, rechazando la victoria del expresidente Fujimori. (1990-2000).
"Como alcalde de Lima, en nombre de mis vecinos, exijo con el mayor respeto que se tomen las medidas necesarias para controlar cualquier violencia en nuestra capital", dijo Regiardo del ultraderechista Partido Renovación Popular, compartiendo un comunicado del municipio de Lima.
En este documento, el Ayuntamiento recuerda que el Decreto Supremo que prorroga por 60 días naturales el estado de emergencia declarado en Lima, es una medida adoptada por el Ejecutivo en respuesta al auge del crimen organizado activo.
En este contexto, llama a Balcázar, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio Público a fortalecer el control del orden interno y el sistema de seguridad por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú, así como a prevenir actividades delictivas, ante la movilización declarada en el centro histórico de Lima.
"Ante el ambiente de incertidumbre y amenaza de violencia en la ciudad de Lima, es necesario tomar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital", señala el comunicado.
Agrega que también se deben tomar medidas para proteger los monumentos, plazas, edificios históricos, bienes de interés cultural y calles metropolitanas ubicados en el centro histórico de Lima, zona declarada inaccesible, donde se restringe el desarrollo de procesiones, manifestaciones y reuniones públicas y políticas.
El municipio añadió que "está en alerta máxima" para evitar la violencia y ha desplegado patrullas y labores de vigilancia en puntos del centro histórico, añadiendo cerca de 1.000 cámaras de seguridad y drones "que permiten el seguimiento y registro en tiempo real de cualquier incidencia que pueda afectar al orden público o al patrimonio".
De igual forma, anunció que a través de su Ministerio Público (Procuraduría Pública), iniciará acciones legales y denuncias penales contra los ciudadanos que resulten responsables de actos vandálicos o desórdenes que afecten la integridad del centro histórico o de los peatones.
