La segunda vuelta presidencial de Perú ha vuelto a hundir al país en la mayor incertidumbre política. El estrecho margen entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori hizo imposible declarar un ganador en un tiempo razonable, ni siquiera tentativamente.
Sin duda, cuando ocurren este tipo de eventos electorales, la competencia política pasa de la elección a las instituciones encargadas de gestionar el proceso y las calificaciones, por lo que, además del conflicto entre ambos candidatos, el Perú enfrenta una prueba de resistencia para sus instituciones democráticas.
En este sentido, la Enciclopedia del Proyecto ACE sostiene que cuando las diferencias entre los candidatos son mínimas, la administración del proceso está bajo una presión excepcional, porque toda decisión técnica adquiere una dimensión política y cualquier retraso o error puede afectar la percepción pública de imparcialidad.
De igual manera, la experiencia comparada muestra que las elecciones cerradas generan tensiones en los tribunales que deben resolver impugnaciones, ya que no es exclusivamente una cuestión jurídica, es un evento político que pone a prueba la credibilidad del sistema democrático, aunque las misiones internacionales de seguimiento de la OEA y la Unión Europea han señalado que la jornada electoral se desarrolló correctamente y la garantía del resultado final debe respetar el proceso legal.
El proceso oficial aseguró la extraordinaria estrechez de los resultados cuando, con más del 97% de los votos escrutados, la diferencia entre los dos candidatos se redujo a sólo unas pocas décimas de porcentaje, mientras que los millones de votos observados o impugnados debían ser revisados por las autoridades competentes, un procedimiento que podía durar varias semanas.
La situación adquiere una dimensión más matizada, ya que Perú tiene uno de los sistemas presidenciales más débiles del mundo, razón por la cual ha experimentado una sucesión de presidentes, vacantes, renuncias, despidos y gobiernos interinos durante la última década.
Desde una perspectiva de ciencia política, un presidente elegido por un margen muy estrecho comienza su mandato con una legitimidad electoral formalmente incuestionable, pero políticamente frágil. Si se enfrenta a un Congreso fragmentado y muy conflictivo, las posibilidades de formar una mayoría estable se reducirán significativamente.
Por su parte, la eminente politóloga Pippa Norris señala que la confianza en la integridad electoral constituye un activo democrático esencial, especialmente cuando el resultado es reñido y el perdedor tiene un incentivo para cuestionar el proceso.
La principal lección que el Perú enseña hoy es que la legitimidad democrática depende no sólo del número de votos que recibe un candidato, sino de la credibilidad de las instituciones encargadas de contarlos.
