La cámara rechazó el polémico proyecto de ley que buscaba limitar el voto de los presos en Puerto Rico
SAN JUAN.- La Cámara de Representantes de Puerto Rico derrotó este jueves contundentemente un proyecto que buscaba limitar el voto primario y ausente para reclusos condenados por delitos graves con sentencias de diez años o más.
El Proyecto de Ley 1278 de la Cámara de Representantes, redactado por los representantes Lisi Burgos Muñiz y Ensol Rodríguez Torres, ha generado controversia en la isla.
Enmiendas propuestas al Código Electoral de Puerto Rico para excluir del privilegio del voto ausente a prisioneros condenados por uno o más delitos contra las personas, la propiedad, delitos sexuales y/o orden público o delitos económicos con una sentencia de diez años o más.
Según Burgos Muñiz, esta ley responde a una preocupación legítima sobre la confianza pública en el sistema electoral y la necesidad de evitar que sectores particularmente vulnerables a presiones e intereses externos sean utilizados como herramientas en estrategias político-electorales.
El proyecto fue presentado luego de que el medio estadounidense ProPublica publicara un informe que revela un supuesto esquema de fraude para obtener votos de presos a cambio de drogas en beneficio de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, quien negó las acusaciones.
Al reaccionar a la resolución del órgano legislativo, Burgos Muñiz señaló que la derrota de la medida representó "un golpe" a los esfuerzos por fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
"Cuando la Cámara de Representantes rechaza una resolución destinada a abordar las preocupaciones legítimas de los puertorriqueños sobre nuestro sistema electoral, envía el mensaje de que estas preocupaciones pueden ignorarse en lugar de abordarse mediante un debate serio y responsable", dijo el portavoz de la Cámara de Representantes de Proyecto Dignidad.
Antes de la decisión de la Cámara, el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este jueves rechazar el proyecto.
"Se trata de castigar a las víctimas de presunta corrupción o fraude, y no a los perpetradores", dijo en un comunicado Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de políticas públicas de la ACLU de Puerto Rico, sobre la medida legal.
Para Escudero Rodríguez, el proyecto de la Cámara "equivale a entregar al electorado la responsabilidad de velar por la transparencia y pureza del proceso electoral del Estado, privándolo de su libertad y limitando sus derechos".
