Gremios periodísticos respaldan decisión judicial
Panorama Nacional.– La decisión de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional de modificar las medidas coercitivas impuestas al periodista Nelson Gutiérrez por difamación por parte del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha sido evaluada positivamente por diversos periodistas y organizaciones defensoras de derechos.
El tribunal, presidido por la jueza Doris Pujols Ortiz, levantó la prohibición de que Gutiérrez saliera del país y ordenó a la Dirección General de Migración levantar la prohibición, permitiéndole viajar libremente.
De igual forma, el tribunal ha mantenido la garantía financiera ya implementada a través de la póliza de RD$50,000 y se reservó la medida de presentación periódica mientras continúa el proceso judicial.
Contó con el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto para el Bienestar y Protección de los Periodistas (IPPP), el Movimiento Marcelino Vega (MMV), el Colegio Dominicano de Locutores (CDL), el Consejo Nacional de Derechos Humanos (Condehu) y otras redes de medios (YoungMU).

El presidente del CDP, Luis Pérez Novás, calificó el levantamiento de la barrera de salida como "un acto de justicia" y expresó su esperanza de que el Ministerio Público conserve el expediente de forma definitiva.
"Nelson Guterres no violó ninguna ley en el ejercicio de su labor periodística", afirmó Pérez Novás, quien abogó por una solución de compromiso entre ambas partes para evitar una continuación del proceso.
Durante la audiencia, Gutiérrez estuvo representado por los abogados Wilson Guerrero y Felicia Carrasco. Al tribunal también asistieron sacerdotes, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales en señal de apoyo al comulgante.
El caso surgió luego de que en conferencia de prensa se diera a conocer información sobre una auditoría realizada a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESET), que alegó irregularidades por más de $42 millones.




