Pruebas de persecución política de la Embajada de Estados Unidos (Opinión) | ACN

La reciente restitución de la visa norteamericana a Gonzalo Castillo no sólo ha tenido un impacto político en el país, sino que ha reabierto con fuerza un debate que muchos intentaron minimizar durante años: la existencia de un elemento político en las acciones tomadas contra ex funcionarios del gobierno anterior.

La declaración dada, obedientemente, por el embajador de Estados Unidos en una entrevista que rápidamente se viralizó en diversos medios y plataformas digitales, alimentó la idea.

Al referirse al manejo de las cancelaciones de visas y reconocer que el tema ha adquirido un tinte político, deja una lección ineludible sobre la forma en que se han manejado algunos casos en los últimos años.

Y ahí es donde surge la gran preocupación nacional.

Porque cuando una presentación diplomática del tamaño y la influencia de la embajada de Estados Unidos sugiere que las decisiones sobre visas estuvieron rodeadas de elementos políticos, automáticamente se pone en duda la narrativa que se ha construido a lo largo de los años en torno a ciertos líderes políticos, especialmente Gonzalo Castillo.

Durante mucho tiempo, el sector oficial y mediático presentó ante la opinión pública determinados expedientes judiciales como sentencias prácticamente fijas. Antes de culminar los procesos ya se difundía una condena social desde los espacios políticos, comunicacionales e institucionales.

El interés nunca fue investigar. Si bien tenemos claro que toda sociedad democrática debe luchar contra la corrupción y exigir transparencia a quienes administran los recursos públicos, el verdadero problema surge cuando la justicia comienza a mezclarse con maniobras políticas y campañas mediáticas destinadas a manchar la reputación del tribunal antes de que hable.

Por eso, la restitución de la visa de Gonzalo Castillo y la declaración del embajador norteamericano tienen un peso político imposible de ignorar.

No porque una visa extranjera reemplace las sentencias judiciales, sino porque muestra contradicciones importantes entre la narrativa política que circula localmente y las señales emitidas posteriormente desde el ámbito diplomático internacional.

pregunta

Y cuando esto sucede, la cuestión deja de ser distinta. Se institucionaliza.

¿El Ministerio Público ha actuado siempre con absoluto equilibrio e independencia? ¿Qué fue la elección política en algún proceso? ¿Se utilizó el sistema judicial para atacar a los opositores políticos en apoyo de una narrativa mediática favorable?

Son preguntas válidas que hoy resurgen con mayor fuerza y ​​que las autoridades actuales están obligadas a responder como forma de contrarrestar la afirmación del embajador.

Porque la independencia de la justicia no se declara en la palabra, sino que se demuestra a través de acciones coherentes, equilibradas y libres de cualquier interés político.

Cuando un sector importante de la sociedad empezó a darse cuenta de que existía una opresión política disfrazada de lucha anticorrupción, el daño fue más allá de los líderes involucrados. Lo que debilita es la credibilidad de todo el sistema judicial.

Y una democracia puede resistir conflictos políticos, polarización e incluso crisis económicas. Difícilmente puede tolerar un sistema judicial cuya imparcialidad comienza a ser cuestionada por sí mismo y por las señales de la situación internacional.

El caso Gonzalo Castillo, lejos de estar cerrado políticamente, parece estar abriendo una discusión más profunda sobre el uso de la justicia como herramienta de conflicto político en República Dominicana.