5 cosas que definen a Panamá más allá del canal

Panamá tuvo en años recientes una de las economías que más se expandieron en América Latina, con un PIB que creció 7,5% en 2023 según el Fondo Monetario Internacional.

Es un salto impulsado por distintos factores aparte del canal, como la construcción o el comercio interno.

El boom económico de las últimas décadas en un contexto de estabilidad política permitió al país reducir la pobreza (de 48% en 1991 a 13% el año pasado, según el Banco Mundial) mientras subían el empleo y los salarios reales de los panameños, que tienen uno de los mayores PIB per cápita de la región.

“Además del canal, Panamá ha tenido en los últimos 35 años una de las democracias más exitosas y de las economías más dinámicas de América Latina”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en ese país.

“Pero paulatinamente esa historia de éxito se ha ido agotando”, dice el politólogo a BBC Mundo.

Panamá enfrenta ahora una desaceleración económica, con un crecimiento de 2,5% del PBI previsto por el FMI para este año, y es uno de los países más desiguales de la región y del planeta según el Banco Mundial.

La pobreza llega casi a un tercio en las zonas rurales del país y afecta a más de dos tercios de quienes viven en comarcas indígenas, con acceso limitado a agua, saneamiento o electricidad.

Así, en el istmo parecen convivir dos Panamás diferentes. Y la conflictividad también ha aumentado.

El país se sacudió con las protestas sin precedentes de 2022 contra el costo de vida y la desigualdad, y el año pasado contra un contrato para explotar una mina de cobre, que al final fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y a cuyo cierre anunciado atribuyen parte de la desaceleración económica .

Expertos como Brown Araúz notan que ninguno de estos problemas estructurales del crecimiento panameño ha sido tema de debate profundo en la campaña.

Las encuestas para las presidenciales panameñas colocan como favorito al opositor José Raúl Mulino, delfín del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fue inhabilitado de competir por estar condenado por blanqueo de capitales, se asiló en la embajada de Nicaragua y alega ser un perseguido político.

Como las elecciones se definen por mayoría simple en una sola vuelta, la ventaja de más de 15 puntos con que figura Mulino en algunos sondeos parece cómoda. Su candidatura acaba de superar además una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema que lo tenía en vilo.

Tanto este exministro de Seguridad Pública como otros candidatos con alguna posibilidad de ganar, como el expresidente Martín Torrijos, Ricardo Lombana y Rómulo Roux, se ubican a la derecha del espectro político.

La única postulante con propuestas típicas de la izquierda latinoamericana es Maribel Gordón, pero aparece rezagada con cerca de 1% de intención de voto en algunas encuestas. Su antiguo partido, el Frente Amplio por la Democracia, desapareció tras una estrepitosa derrota en las elecciones pasadas.

“La vida política panameña se ha caracterizado por una enorme homogeneidad ideológica a la centroderecha: todos los planes de gobierno y los partidos políticos están a la centroderecha”, dice Claire Nevache, politóloga e investigadora asociada del CIEPS, a BBC Mundo.

Hay distintas explicaciones para este fenómeno.

Algunos analistas que creen que la izquierda panameña pagó un costo por la cercanía de algunos de sus dirigentes con la dictadura militar que hubo entre 1968 y 1989.

Otros hablan de la marca que dejó en la cultura política panameña la larga presencia civil y militar en el país de EE.UU. mientras controlaba el canal, hasta 1999.

Y otros estiman que las ideas de libre mercado tienen amplio apoyo en Panamá debido a los réditos obtenidos del comercio internacional que cruza el canal.

La noción de Panamá como un “país de tránsito” ha sido planteada a lo largo del tiempo por distintos actores, desde gobernantes hasta empresarios. El actual presidente, Laurentino Cortizo, utilizó esa definición durante una Asamblea General de la ONU.

De hecho, por el territorio panameño pasan constantemente no solo embarcaciones a través del canal, sino también un flujo creciente de migrantes que ingresan por la inhóspita selva de Darién en la frontera con Colombia rumbo a EE.UU.

Pero ambos tránsitos parecen enfrentar desafíos inmediatos.

Si bien el tema migratorio estuvo ausente en buena parte de la campaña, Mulino propuso en la recta final cerrar el paso de extranjeros por el Darién, sin explicar exactamente cómo lo haría.

Por otro lado, han surgido dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico panameño basado en el pasaje marítimo.

“Ese modelo está en crisis por motivos varios y uno de los primeros es el cambio climático, que hace que los ingresos del canal sean difíciles y cada vez más inciertos”, advierte Nevache.

Explica que una sequía reciente que obligó a reducir el tránsito por el corredor marítimo planteó grandes temas, como la forma de proveer de agua al canal o “dónde poner las prioridades” en un país con casi un cuarto de los hogares carentes de agua permanente durante el día.

Panamá también ha llamado la atención por problemas de corrupción y lavado de dinero.

El índice de percepción de la corrupción en el sector público IPC 2023 divulgado en enero por la ONG Transparencia Internacional ubicó al país centroamericano en el lugar 108 de 180.

“El problema de la corrupción en Panamá es sistémico”, sostiene Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

“Tenemos un problema de estancamiento en la lucha contra la corrupción”, dice la especialista a BBC Mundo.

A diferencia de elecciones anteriores, explica, ese problema hoy es una de las mayores preocupaciones de los votantes panameños según encuestas recientes.

“Es muy paradójico que en un país en que la mayoría de los habitantes dicen que están preocupados por la corrupción, esa nómina (de Mulino con el respaldo de Martinelli) registre la mayor intención de voto”, observa.

“Pero eso también significa que hay un 70% de votantes que no ven esa opción como la principal”, añade.

De Obaldía dice que desde el escándalo de los Panamá Papers, la gran filtración de documentos sobre paraísos fiscales que en 2016 tuvo al bufete panameño de abogados Mossack Fonseca como protagonista y salpicó a personalidades extranjeras, el país realizó cambios legislativos que le permitieron salir en marzo de la lista de “alto riesgo” de la Unión Europea por blanqueo de capitales.

Pero subraya que los servicios de firmas especializadas para crear personas jurídicas en distintas jurisdicciones a través de las cuales individuos de alto poder adquisitivo mueven capitales “es algo que no se ha detenido, ni en Panamá ni en el mundo”.

Los analistas ven como positiva la forma en que los panameños han presionado por transformaciones en su país, contra viejos esquemas “clientelistas” del poder.

Brown Araúz destaca que quienes protestaron el año pasado por el contrato minero, con gran participación de jóvenes y mujeres, lo hicieron con alta “sensibilidad ambiental” y sabiendo que su demanda podía costarle al país cerca de 5% del PIB.

“La gente se lanzó a las calles consciente de que esto significaría un sacrificio económico de corto plazo, pero es una apuesta de largo plazo muy racional de sobrevivencia”, afirma.

“Si lo entendemos como una herramienta de la democracia, también en el largo plazo podemos ser optimistas de que la ciudadanía ha decidido tomar las riendas del devenir de la democracia panameña”.

A juicio de este politólogo y sociólogo, allí puede estar la fractura más importante que surgió en el país.