10 de enero, Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Ese día y en ese lugar, ubicado en el casco histórico de Caracas, está previsto que Nicolás Maduro iniciará un controvertido tercer mandato de seis años como presidente de Venezuela, tras cumplir con el trámite constitucional de jurar su cargo ante los diputados de la Asamblea Nacional.
El formalismo está previsto pese a las dudas sobre la legitimidad de su reelección debido a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al oficialismo, de entregar los resultados totales y detallados de la elección presidencial celebrada el pasado 28 de julio.
De acuerdo con el órgano electoral, Maduro se impuso con el 52% de los votos. Sin embargo, la oposición ha asegurado que el ganador fue su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien obtuvo el 70% de los sufragios según refrenda la publicación del 80% de las actas de escrutinio en su poder.
Ante este conflicto, a medida que se acerca la fecha que marca el inicio del nuevo período presidencial crece la tensión en el país.
Hay anuncios de movilizaciones y otras acciones para protestar en contra de la juramentación de Maduro, y a la vez el oficialismo plantea marchas a favor del mandatario y medidas para «garantizar la paz» durante los actos oficiales.
González, por su parte, ha prometido regresar a Venezuela para asumir también su mandato como presidente, pero no ha explicado cómo pretende hacer.
En septiembre salió del país y se instaló en España y actualmente está en una gira que lo llevó a Argentina y este lunes a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Las autoridades venezolanas dicen que si pone un pie en Venezuela, González será detenido.
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Ciudad blindada
La presencia policial y militar se ha visto reforzada en los últimos días, pero se ha hecho particularmente notoria en Caracas, la capital del país.
La céntrica avenida Urdaneta, la cual conduce al Palacio presidencial de Miraflores, permanece cortada al tráfico vehicular desde hace días.
Por su parte, en los alrededores del Palacio Federal Legislativo, donde tendrá lugar la posesión de Maduro, la seguridad también ha sido fortalecida, mientras decenas de uniformados recorren en motos y patrullas las calles de la ciudad.
La vigilancia en instalaciones clave como el Metro de Caracas y las autopistas que conducen a la urbe también ha sido aumentada, de acuerdo con la información recabada por BBC Mundo de fuentes en el terreno, las cuales prefirieron no ser identificadas.
Las medidas forman parte del «despliegue por la seguridad» anunciado el 2 de diciembre por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), el oficial, quien ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por violar derechos humanos, asegura que 1.200 uniformados adicionales están en las calles, porque «el país está amenazado».
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ejército, figura entre los organismos señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
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«Algunos sectores de la oposición andan como nerviosos porque hay medidas de seguridad por los alrededores del Palacio Legislativo y del Palacio de Miraflores, aunque eso es normal«, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien el sábado por la noche recorrió distintas zonas de la ciudad, según un video que él compartió por su cuenta de Instagram.
El funcionario admitió que «el DGCIM, el Sebin y la Policía Nacional están todos en la calle, como corresponde, dando vueltas».
Y acto seguido dio por hecho que el día 10 «no va a ocurrir nada en Venezuela».
Este pronóstico fue respaldado por un exvicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consultado por BBC Mundo.
«El gobierno y los militares están en control de la situación. No creo que pase mayor cosa«, dijo el exfuncionario, otrora cercano al oficialismo.
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Fuera de la capital
Pero el aumento de la vigilancia no se limita a Caracas. En los últimos días la FAN ha difundido en sus redes sociales decenas de videos que muestran a uniformados, policías e incluso simpatizantes del oficialismo participando en los operativos dentro de la «fusión cívico militar policial» en distintas partes del país.
Asimismo, los medios venezolanos han informado sobre un incremento de los controles al ingreso de extranjeros en las fronteras del país.
En los últimos meses, unos 20 ciudadanos de otros países han sido aprehendidos en territorio venezolano o al intentar ingresar a él y han sido señalados por las autoridades locales de formar parte de supuestos complots en contra del gobierno de Maduro, entre ellos destaca el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo.
Este caso fue llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) por el gobierno de Buenos Aires en días pasados.
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Más excarcelaciones y detenciones
¿Cuáles son las amenazas a las que las autoridades atribuyen el refuerzo de la seguridad?
Principalmente la intención de Edmundo González de volver a Venezuela para posesionarse como presidente.
«Yo debo asumir el rol de comandante en Jefe», declaró González Urrutia en un video difundido el domingo, en el cual instó a los militares a «romper» con la actual cúpula militar y ser «garantía de la soberanía y el respeto a la voluntad popular».
El fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han advertido al opositor, quien salió exilado en septiembre pasado hacia España, que de volver al país será arrestado de inmediato.
Y como prueba de sus intenciones, la pasada semana, la policía científica venezolana anunció una recompensa de US$100.000 a quien aporte información que permita la captura del excandidato.
González proseguirá esta semana su gira por aquellos países latinoamericanos que han cuestionado la transparencia de la reelección de Maduro.
Pero las medidas de seguridad no solo parecen estar dirigidas a evitar el eventual retorno del excandidato presidencial, sino a impedir nuevas manifestaciones antigubernamentales como las que se registraron tras los comicios.
El domingo, María Corina Machado, la líder opositora quien no pudo competir en las presidenciales de julio pasado por la inhabilitación que le fue impuesta por las autoridades, llamó a los venezolanos a salir a protestar el día 9 dentro y fuera del país.
«Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás», afirmó la opositora, quien prometió salir de su clandestinidad para participar en las movilizaciones.
También Machado, acusada entre otras cosas de «traición a la patria» se enfrenta al arresto.
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Preocupación más que justificada
Las autoridades también alistan sus propias manifestaciones.
«El próximo 10 de enero de 2025 saldremos por millones a las calles para juramentarnos por Venezuela y por la independencia», anunció Maduro días atrás.
«Juro que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía y del imperialismo», remató el mandatario.
Los anuncios de lado y lado hacen temer a algunos que se produzcan nuevos hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
«Hay un ambiente donde la indignación, la esperanza y el miedo se mezclan», afirmó a BBC Mundo Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
«Hay esperanza de que finalmente el triunfo (de González Urrutia) sea reconocido, pero miedo por los antecedentes de represión ocurridos tras las elecciones y por la enorme militarización que hay en distintas ciudades del país y particularmente en Caracas», agregó.
Las autoridades avivan el temor ante cualquier conato de protesta.
«El fascismo siempre tiene planes perversos para alterar la tranquilidad de Venezuela, para conspirar y para intentar dar golpes de Estado (…) Que nadie se equivoque, porque seremos implacables en el ejercicio de la justicia«, advirtió este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Alvarado, por su parte, aseguró que «para las organizaciones de derechos humanos la mayor preocupación es que se responda a las eventuales protestas nuevamente con altos niveles de represión».
«El hecho de que se le dé a la Fuerza Armada un papel protagónico (en el dispositivo de seguridad) eleva el riesgo«, remató.
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Las preocupaciones de los activistas venezolanos fueron respaldadas desde la Misión de la ONU.
«Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza», demandó Marta Valiñas, presidenta del grupo que investiga los crímenes ocurridos en el país suramericano.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio se registraron cientos de manifestaciones y más de 2.000 personas fueron arrestadas y señaladas de incurrir en delitos como terrorismo.
No obstante, desde finales del año pasado unos 1.369 de los detenidos han sido excarcelados, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio Público.
