“Voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019, que les dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadoras, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después”.
Esa fue la advertencia que lanzó el 5 de julio pasado el presidente Nayib Bukele, quien durante su primer gobierno bajó dramáticamente el índice de homicidios de El Salvador con su guerra contra las llamadas maras, al tiempo que lo volvía el país con la tasa carcelaria más alta del mundo.
Apenas un mes antes, al ser nuevamente investido, ya había adelantado que la prioridad de su segundo mandato sería la economía. Y aquel viernes de verano, acompañado de su gabinete, Bukele se dirigió a la ciudadanía en cadena nacional de radio y TV para abordar una inflación que rompía récords.
Durante su alocución, dijo haber identificado productos de la canasta básica con sobreprecio, obra de quienes se aprovechaban de que no existiera una sanción penal por ello, solo multas.
Y tras recordar que aquellos con antecedentes de evasión fiscal, contrabando o sobornos a agentes podrían enfrentar también la cárcel, advirtió: “No estamos jugando, por si alguien dice sólo es el salveque (amenaza sin intención de cumplirla), show, sólo cortina de humo, pues ya verán si sólo es cortina de humo”.
“Así dijeron también los pandilleros. Yo espero precios bajos mañana o van a tener problemas”, zanjó el presidente, entre cuyos lemas se encuentra uno que die que «el dinero alcanza cuando nadie roba».
Inmediatamente el ministro de Agricultura, Óscar Domínguez, anunció la puesta en marcha de 20 puntos de venta en zonas estratégicas con “precios justos”; los llamados agromercados.
Pero ¿qué son? ¿Cómo funcionan?
¿Y suponen realmente una estrategia eficaz –como paso previo a la creación de centrales de abastos y junto con la eliminación de aranceles a una centena de productos— para mantener a raya los altos precios de los alimentos y aliviar a una sociedad en la que el 52% enfrenta dificultades para satisfacer las necesidades básicas?
El gobierno los describe como espacios que promueven “la interacción entre proveedores y consumidores sin intermediarios”, para adquirir productos frescos, desde frutas, verduras y granos básicos como arroz y frijoles, a “precios justos”.
De acuerdo con la información más reciente de la Presidencia, existen ya 50, repartidos en los 14 departamentos del país, y están abiertos de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
BBC Mundo llegó a uno de los que inauguraron primero, el de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad, a 20 kilómetros al norte de la capital, San Salvador, a las 7:30am.
Tiene una ubicación inmejorable, en plena plaza central y a apenas cinco cuadras del mercado municipal tradicional.
Pero la experiencia aquí es muy distinta a la de comprar en un mercado de toda la vida.
Los clientes hacen fila afuera del recinto y van entrando uno por uno –ancianos y embarazadas primero– con un responsable que hace de guía. Pasan por la zona de los tomates, las papas, las acelgas… eligen lo que quieren llevar y pagan al final, al estilo de un restaurante tipo self-service.
“Vendemos algo de producto nacional, pero más que todo el producto viene de La Tiendona”, dice Gabriela Jeorge, algo que le confirmarán a BBC Mundo en otros agromercados.
La Tiendona es el principal centro de mayoreo de frutas y verduras del país, ubicado en San Salvador y en el que también se abastecen quienes venden en los mercados tradicionales y de forma ambulante.
Y el producto que allí se ofrece al por mayor procede en su mayoría de Guatemala y Honduras, y, en menor medida, de Nicaragua.
A la pregunta de si es productora local o vendedora, Jeorge responde que está allí “para ayudar”. Coordina un “equipo de apoyo” de 12 personas que visten camisetas del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y asisten en la venta y el embolsado.
Es el ayuntamiento el que provee los canopy o puestos con toldos, la limpieza del lugar y la seguridad por medio del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Metiendo tomates en bolsas encuentra BBC Mundo a César Erazo, empleado municipal de 44 años, quien encabeza la dirección de mercados de la ahora alcaldía de La Libertad Norte; le corresponde supervisar asimismo los mercados tradicionales de la localidad.
“En los mercados municipales y en los puestos de la calle no siempre te dejan elegir producto, también tienen mucho embolsado”, menciona, apuntando a otra ventaja de estos nuevos espacios impulsados por el gobierno.
Pero reconoce que es posible que a quien no tenga uno cerca, por el gasto que implica el traslado y el parqueo, no le compense acudir a los agromercados.
De los antiguos 262 municipios del país (hoy distritos, agrupados en 44 municipios desde la reestructuración territorial que entró en vigor en mayo) hay agromercados en 48. En lo que era el municipio de San Salvador, el más poblado del país, no opera ninguno.
Los precios
Aunque cabe pensar que una factura mucho más barata podría contrapesar cualquier otro gasto o inconveniente.
Así concluyó Michelle Ruiz tras su primera compra en el agromercado de Apopa, una de las localidades más pobladas del país.
Con una ubicación tan privilegiada como el de Quezaltepeque, entre la parroquia y la alcaldía, está igual de bien organizado. La vigilancia también corre a cuenta de agentes del CAM.
Y la joven de 21 años se muestra encantada con ello. No había venido antes por cuestión de horarios: trabaja desde casa para un call center, de 9am a 1pm.
“Suelo comprar en el mercado (tradicional), pero vengo más tarde; y alguna vez en el Selectos”, dice, nombrando una cadena de supermercados.
Es “bastante la diferencia; (en el caso de) la papa, por ejemplo, donde yo la compro no me dan ni la mitad de lo que llevo hoy por US$1”, apunta, y asegura que repetirá.
Teresa Ayala, clienta habitual del agromercado de Quezaltepeque, también habla de precios más bajos en comparación con los del mercado convencional.
“Te llevas una cebolla más por el mismo dólar, por ejemplo. Uno anda buscando siempre los más cómodo (económico)”, le dice a BBC Mundo.
En una esquina a pocas cuadras del agromercado, Bryan López ofrece frutas y verduras. Tiene apenas 27 años, pero lleva 15 vendiendo en las calles de Quezaltepeque.
— ¿Les ha afectado el agromercado?
— Afecta. Bueno, más cuando estaba todo caro acá. Ahorita que ha bajado casi todo, se ha nivelado la venta.
La tasa interanual de inflación en El Salvador se elevó hasta el 1,78 % en julio pasado, la más alta desde diciembre de 2023, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Además de en la hostelería, fue en los alimentos donde más se notó, que pasaron de un Índice de Precios al Consumidor (IPC, el indicador para medir la inflación) del 3,60% en enero al 4,53%. En agosto la inflación bajó al 1,2%.
El día que lo visita BBC Mundo, los precios de Bryan son en general ligeramente más altos o similares a los del agromercado.
Así, vende 10 tomates medianos por US$1, uno más que en el agromercado de Apopa. Aunque de acuerdo a la cantidad anunciada para el día por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en sus redes sociales, tendrían que haber dado más: 22 tomates pequeños, 17 medianos o 10 grandes por el dólar.
Mientras, en el mercado central de San Salvador, Lizbeth Hernández entrega dos aguacates a cambio de US$1, la misma cantidad que en el agromercado de Apopa esa misma mañana.
Recuerda que cuando el presidente Bukele denunció a las presuntas «mafias» del sector de la alimentación, los clientes empezaron a pedirle una rebaja en los precios.
Y se queja de los gastos a los que tiene que hacer frente para poder vender en uno de los pabellones del céntrico mercado capitalino. “Por mi puesto pago US$45 mensuales, US$19 de luz, US$30 de basurero, US$60 de vigilante…”, enumera.
Las dudas
El gobierno asegura que los agromercados ofrecen precios más accesibles al eliminar los intermediarios, y que a medida que se amplía la iniciativa, se están sumando a ella más productores locales e importadores.
Lo que no queda claro es cómo se consigue ofrecer esos precios preferenciales cuando la mayoría de productos proviene de La Tiendona, el mismo centro de venta al por mayor en el casi todo es importado y que abastece a los mercados convencionales y a los vendedores ambulantes.
Hay quien apunta a la capacidad del gobierno de negociar un precio más favorable al comprar en grandes cantidades.
O al hecho de que los recursos en los agromercados son públicos y quienes asisten funcionarios, mientras en los precios finales del mercado convencional se ven reflejados los costos ya mencionados a los que tienen que hacer frente los vendedores.
Otras fuentes señalan que el gobierno está en parte subsidiando los agromercados, algo que aseguran es insostenible a largo plazo, o que las autoridades retienen parte de la carga de alimentos de los camiones que se dirigen a La Tiendona y pagan por ellos un precio por debajo del correspondiente.
BBC Mundo solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería para aclarar estas y otras dudas sobre su funcionamiento, y envió también una serie de preguntas por correo. En el momento de publicar esta nota, sigue sin recibir respuesta.
País importador
Cuando Bukele llegó al poder en 2019, el costo promedio de la canasta básica alimentaria en el área urbana era de US$200,02, mientras hoy alcanza los US$256,02. Y en la zona rural pasó de costar US$144,48 a US$182,62, según el IPC.
La canasta básica la constituyen alimentos como el pan, las tortillas, frijoles, arroz, carne, huevos, fruta, verduras, lácteos y azúcar.
Los datos oficiales muestran que El Salvador importa el 90% de las legumbres, verduras y frutas, y para cubrir la demanda local de otros productos básicos también compra a sus vecinos Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Así, debe importar el 60% de los derivados de la leche, el 25% del frijol y el 33% de todo el arroz que se consume a nivel nacional.
Ante ello, apenas unos días después de anunciar la puesta en marcha de los agromercados, Bukele publicó la decisión de suspender por 10 años los impuestos de importación a todos los productos que integran la canasta básica ampliada.
Sin embargo, algunos analistas críticos del presidente y representantes de gremiales aseguran que la medida no tendrá efecto, pues la mayoría de los aranceles a los alimentos que se compran del exterior son cercanos a cero.
Ya desde los 90, El Salvador y otros países centroamericanos eliminaron o establecieron unos aranceles mínimos para los productos esenciales bajo los Tratados de Libre Comercio (TLC). Y la propia administración Bukele, en marzo de 2022, deshizo de impuestos de importación a 20 productos durante un año.
“El Salvador se está convirtiendo en un país meramente importador, y eso no es beneficioso para la economía nacional ni para la economía de las personas”, le dice a BBC Mundo Luis Treminio, el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).
Efectivamente, El Salvador importa más de lo que exporta, lo que le llevó al país el año pasado a tener un déficit de la balanza comercial de más de US$8.000 millones. Algo que por el momento se compensa con el ingreso de remesas; las transferencias que los salvadoreños reciben de sus familiares en el extranjero.
“Nos estamos alejando cada vez más de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria, porque estamos produciendo menos año con año”, concluye el dirigente de esta asociación de asociaciones, que representa a unos 125.000 productores del sector de los granos básicos.
Según Treminio, la solución pasa por estimular la producción local y por la elaboración de una política nacional agropecuaria que trascienda gobiernos.
Fuente de la imagen,Secretaría de Prensa de Presidencia
La economista Julia Evelin Martínez concuerda con él en que tanto los agromercados como la eliminación de aranceles son una medida de caracter temporal, “más con fines de propaganda que con efectos reales sobre los precios de los alimentos”.
«Su eliminación bajo el supuesto de que con eso habrá más competencia en el mercado y, por efecto de la oferta y la demanda, los precios van a disminuir y con ello aumentará el poder adquisitivo de las familias es un error”, subraya Martínez, quien desde 1998 y hasta el año pasado fue catedrática e investigadora en el departamento de economía de Universidad José Simeón Cañas (UCA).
“Lo que provoca es la destrucción de la producción nacional y que la economía dependa de la importación y, como consecuencia, se encarezcan los alimentos”, concluye.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un informe reciente señala que el 52% de la población (3,3 millones de personas) se mantienen en una situación de estrés alimentario; es decir, enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos.
Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en su última investigación sobre los puntos críticos del hambre a nivel mundial, incluyó a El Salvador como país a monitorear.
Poca información del Plan Económico
Los agromercados y la eliminación de los aranceles constituyen lo que el gobierno llama la fase 1 de su Plan Económico, «Alimentación».
Como ya ocurrió con el Plan Control Territorial para mejorar la seguridad, el documento del programa general no es público y se conocen pocos detalles, más allá de que está compuesto por seis fases.
La tecnología es otro de los ejes, según dejó entrever Bukele durante la inauguración Altius Tech Park en Ciudad Arce, un municipio a unos 38 kilómetros de San Salvador, el 16 de julio.
Según explicó, se trata del primer parque industrial tecnológico en El Salvador, que costó unos US$70 millones y cuya piedra, el Data Trust, con una inversión privada de US$30 millones buscar convertirse en el “segundo centro de datos más grande de la región”.
Ya antes su gobierno apostó por la tecnología, adoptando el bitcoin como moneda de curso legal en 2021.
Dos años después, BBC Mundo pudo comprobar en terreno que el uso de la criptomoneda es anecdótico, a pesar de que los analistas y autoridades concuerdan que ha servido como reclamo sobre todo turístico.
El “bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos”, le confesó el propio Bukele a la revista Time durante una entrevista publicada hace unas semanas.
Sea como fuere, durante su investidura en junio ya advirtió que, en el camino de la recuperación económica, los salvadoreños tendrán que enfrentarse a algunas medidas difíciles.
