Redacción América.- La desaparición de personas es un drama que aqueja a América desde hace décadas, producto de las dictaduras y los conflictos armados, y que hoy, en medio de la desbordada crisis migratoria, lleva a familias, organizaciones no gubernamentales y Gobiernos a seguir adelante en la búsqueda a pesar de las lágrimas.
Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada se dio a conocer este viernes que México es el país de la región en donde el drama es más preocupante.
Allí, más de 115.500 víctimas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalló que cerca de 50.000 desaparecieron durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT) expresó que le preocupa “que los Gobiernos no reconozcan la continuidad de esta grave violación a los derechos humanos” y, por el contrario, “se cuestione e invisibilice esta problemática”, manteniendo en la impunidad a los responsables de cometer estos crímenes.
Tal angustia se repite en Colombia, en donde de acuerdo con el informe ‘Buscar sin Miedo’, de Amnistía Internacional, hay 200.000 desaparecidos. De hecho, solo desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, en 2016, se han producido 1.730 casos de desaparición en el país cafetero, lo que supone uno cada 36 horas y evidencia que la situación “no es un hecho del pasado».
Así lo denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entidad para la que “miles de familias continúan experimentando incertidumbre y angustia al no saber el destino y el paradero de sus seres queridos, a pesar de que la desaparición ocurrió hace varios años o incluso décadas».
Información es clave para encontrar a las víctimas
Un grupo de organizaciones civiles no gubernamentales de El Salvador urgieron este viernes al Estado a la creación de un registro único de personas desaparecidas en el país centroamericano ante “la falta de acceso a la información oficial” sobre este flagelo.
Apuntaron que “si bien no existen estadísticas integradas y validadas del número de personas desaparecidas en las últimas décadas, los registros de las fuentes institucionales hablan de varios miles de víctimas”, ya que solo entre 2014 y 2019 la Fiscalía General registró más de 20.000 denuncias.
De este modo, las entidades consideran importante que “se garantice el derecho al acceso a la información pública en materia de personas desaparecidas”, lo que “implica la apertura de archivos militares y de seguridad por los casos de desaparición forzada registrados durante el conflicto armado (1980-1992)».
En el mismo sentido se pronunciaron los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) que pidieron a las Fuerzas Armadas en Chile romper el “pacto de silencio” y colaborar en el Plan Nacional de Búsqueda lanzado hace justo un año por el Gobierno de Gabriel Boric.
Durante un acto en el Cementerio General frente al memorial de las víctimas del régimen, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, dijo que “las Fuerzas Armadas son instituciones jerárquicas” y que, por lo tanto, no ejecutaron “acciones individuales” sino que “hubo una planificación que debe ser develada».
“La información está en las Fuerzas Armadas y hay que exigirla, señor presidente. (Hay que) romper ese pacto de silencio que hemos esperado 50 años y avanzar en verdad y justicia”, indicó la activista, ya que la dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales. También, la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció al menos seis desapariciones forzadas vigentes en el país centroamericano.
Se trata de los exdiputados indígenas miskitos Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, quienes fueron detenidos en el último cuatrimestre de 2023 y, según sus familiares, no se les ha permitido verlos ni visitarlos.
A ellos se suman el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; el mayor en retiro Eddie González, la periodista y feminista Fabiola Tercero, y el joven Carlos Bojorge.
Ese Colectivo afirmó que después de que estallaron las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega en abril de 2018, que fueron neutralizadas a la fuerza por el Estado, han “documentado un creciente número de desapariciones forzadas, vinculadas a actos de represión política y violaciones sistemáticas de los derechos humanos». A pesar del drama producto de las desapariciones, los esfuerzos para terminar con el sufrimiento de las víctimas no se detienen.
Así, en Brasil, la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, creada para identificar e indemnizar a las víctimas de la dictadura militar (1964-1985), retomó sus trabajos este viernes casi dos años después de su extinción y de que Luiz Inácio Lula da Silva se comprometiera a reinstalarla.
La Comisión fue creada en 1995 en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero sus trabajos fueron suspendidos a finales de 2022 por decisión del entonces presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y defensor de los gobiernos militares.
En los 27 años que funcionó, la Comisión analizó cerca de 300 casos de desaparecidos durante la dictadura, cuya muerte fue reconocida como de responsabilidad del Estado, por lo que se fijaron indemnizaciones para sus familiares.
¿En dónde están los migrantes?
Aunque las dictaduras y los conflictos armados fueron los principales generadores de las desapariciones en América, actualmente hay un nuevo factor que suma víctimas- La migración irregular.
Al respecto, el Programa de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró que al menos 291 migrantes han desaparecido o muerto en lo que va del 2024 en las peligrosas rutas marítimas del Caribe, ante lo que es necesario aumentar las acciones internacionales de protección.
La cifra representa un 18 % de incremento comparado a los 247 migrantes desaparecidos que se registraron en todo 2023.
La ruta con más víctimas es la que va de Cuba a Estados Unidos con 142, seguida por la que se toma de República Dominicana a Puerto Rico con 91, la que va hacia las Islas Canarias con 15 y la de Haití a República Dominicana con 1, según los datos de la iniciativa.
El monitor regional para las Américas del Proyecto Migrantes Desaparecidos, Edwin Viales, manifestó que estas rutas no son utilizadas únicamente por migrantes de Latinoamérica y el Caribe en su objetivo de llegar a Estados Unidos sino que se han detectado casos de naufragios o desapariciones de embarcaciones que transportaban africanos.
Uno de estos casos se registró el pasado 6 de agosto cuando fueron hallados los restos de 14 personas de Senegal y Mauritania en una embarcación artesanal en las costas de República Dominicana. Según Viales, “este tipo de naufragios transcontinentales vienen en aumento”, pues el pasado 13 de abril se detectó otra embarcación en Brasil con los restos de 9 personas de Mauritania y Mali.
Además, hay evidencia de 3 casos similares entre el 2021 y el 2022, con un saldo total de 70 fallecidos en embarcaciones encontradas en Trinidad y Tobago, Turcos y Caicos, y Granada.
“El panorama no es alentador. Ahora más que nunca son necesarios todos los esfuerzos internacionales coordinados para salvar vidas”, puntualizó el experto.
