Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia en 2013 muchos en Venezuela creyeron que su mandato no duraría.
Se le comparaba desfavorablemente con su antecesor, Hugo Chávez, un carismático militar que luego de encabezar un fallido intento de golpe de Estado en 1992 llegó al poder por los votos en 1998, convertido en un líder de masas que prometía una “revolución bolivariana” -suerte de segunda independencia- para refundar el país.
Chávez era un “pico de oro”, un líder carismático, cercano con la gente de a pie, conocido por su curiosidad intelectual y por ser un voraz lector que podía citar en un mismo discurso a Friedrich Nietzsche y a Mario Benedetti.
De Maduro, en cambio, se destacaba su aparentemente limitada capacidad oratoria y su lejano pasado laboral de un político que fue sindicalista y conductor de autobús.
Once años más tarde, sin embargo, Maduro busca un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de este domingo siendo ya el tercer gobernante que más tiempo ha durado en el poder en Venezuela desde inicios del siglo XX, sólo superado por Chávez y por el dictador Juan Vicente Gómez.
Acusado de autoritario e incluso considerado presidente ilegítimo por muchos, durante su mandato el país ha experimentado importantes cambios y eventos que han transformado profundamente la historia del país y de la sociedad venezolana.
BBC Mundo relata cuatro de los más destacados.
1. La mayor ola migratoria en la historia contemporánea de América Latina
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Durante el gobierno de Maduro, Venezuela ha vivido la mayor ola migratoria de la historia contemporánea de América Latina.
De acuerdo con cifras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera de su país. Eso equivale a más del 22% de los 34 millones de habitantes que las autoridades venezolanas proyectaban tener, a partir del último censo realizado en 2011.
Con estas cifras, la ola migratoria venezolana es mayor que la de Siria (5 millones personas) y que la de Ucrania (6,5 millones), dos países que llevan años sufriendo guerras.
Esta salida masiva de venezolanos al exterior va completamente a contracorriente de la historia de un país que, desde que comenzó al auge petrolero hace un siglo, se convirtió en receptor de migración y durante décadas fue lugar de acogida de personas procedentes, sobre todo, de otros países de América Latina y del sur de Europa.
Los expertos coinciden en señalar que detrás de la salida masiva de venezolanos está la severa crisis económica que ha vivido Venezuela y que incluyó un largo periodo con la mayor hiperinflación del mundo, así como problemas crónicos de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Durante años, Maduro ha atribuido las causas de esa crisis económica y de la ola migratoria a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países en contra de su gobierno.
Pero las sanciones petroleras que realmente afectaron a Venezuela fueron impuestas por el gobierno de Estados Unidos en 2019 y que tanto la crisis económica como la ola migratoria empezaron varios años antes.
De hecho, las estadísticas del Fondo de Población de la ONU registran una contracción del número de habitantes en Venezuela ya desde 2017.
2. El primer país de América Latina investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad
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El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal contra Venezuela por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en el contexto de la represión de las manifestaciones durante la crisis política que vivió el país en 2017.
Con ese anuncio, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina y uno de los pocos Estados del mundo en ser objeto de una investigación formal por parte de este tribunal internacional.
Maduro dijo entonces que respetaba pero no compartía la decisión de la Fiscalía de la CPI y la impugnó. Sin embargo, en marzo de este año la Cámara de Apelaciones rechazó los argumentos del gobierno venezolano y confirmó que el proceso continúa en marcha.
En relación con este caso, el fiscal de la CPI dijo en 2020 que había “bases razonables” para creer que funcionarios y militares venezolanos habían perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas contra opositores que participaron en las protestas antigubernamentales de 2017.
En paralelo, desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión internacional independiente para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en Venezuela.
El gobierno de Maduro ha sido señalado además por usar la justicia contra los opositores. Según la ONG Foro Penal, hasta mediados de julio había en Venezuela 301 «presos políticos», incluyendo 93 que no han sido condenados pero que llevan más de tres años sometidos a prisión preventiva.
Además, según datos del Foro Penal, al menos seis opositores han sido forzados a irse del país como condición para ser liberados, lo que equivale en la práctica a una pena de destierro que está prohibida en la legislación internacional de derechos humanos.
Las autoridades venezolanas niegan esto y aseguran que fueron estos opositores los que solicitaron marcharse del país.
De forma reiterada, el gobierno de Maduro ha rechazado todos estos señalamientos por supuestas violaciones a los derechos humanos y afirma que las detenciones y procesos puestos en marcha por los cuerpos de seguridad o por las autoridades judiciales están apegados a la ley.
3. Nuevo modelo económico sin controles para combatir la mayor inflación del mundo
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En 2013, la economía venezolana inició una vertiginosa caída que para el año 2021 le había llevado a perder 75% de su Producto Interior Bruto.
Aunque el agravamiento de la crisis económica coincidió con la llegada de Maduro al poder, algunas de sus causas se originaban en políticas de Chávez.
En 2003, el fallecido mandatario comenzó a aplicar un estricto sistema de control de cambios y de precios. Después, a partir de 2006, puso en marcha una política de expropiaciones que afectó a unas 1.440 empresas, según estimaciones de la organización de industriales Conindustria.
Muchas de las consecuencias de estas políticas no eran del todo visibles durante el gobierno de Chávez gracias a un largo ciclo de precios altos del petróleo y a una política de endeudamiento que permitieron alimentar una sensación de bonanza en Venezuela.
Con la caída de los precios del petróleo a partir de 2014, Maduro recurrió a más endeudamiento y al uso de las reservas internacionales para intentar preservar el mismo modelo económico de Chávez, pero la situación solamente empeoró.
En 2015, Venezuela registró una inflación de 180% -la más alta del mundo para ese momento- y en 2017 entró en un ciclo de hiperinflación que alcanzó su punto máximo en 2018, cuando llegó al 130.000%, según datos del Banco Central de Venezuela.
En esos mismos años, los problemas de desabastecimiento que afectaban medicinas, alimentos y otros bienes esenciales se agudizaron. Según el estudio Encovi de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la pobreza en Venezuela pasó de 48% en 2014 hasta 91% en 2018.
Es entonces, a partir de 2018, cuando el gobierno de Maduro inició un silencioso proceso de reformas económicas suspendiendo en la práctica los controles de cambio y de precios, eliminando el subsidio a la gasolina –que era la más barata del mundo-, permitiendo la dolarización de facto de la economía e incluso poniendo en marcha un diálogo con el sector privado para restituir algunas de las empresas expropiadas a sus antiguos dueños.
Estas medidas lograron encaminar al país hacia la superación de la hiperinflación -que llegó a su fin en diciembre de 2021- y, en cierta medida, acabaron con los problemas de desabastecimiento (al menos para aquellos venezolanos que cuentan con ingresos en moneda extranjera y así pueden costear los elevados precios de los productos).
Este giro liberalizador se produjo en la práctica, pues desde su llegada al poder Maduro ha culpado de la crisis a una supuesta “guerra económica” contra el gobierno liderada por la oposición y por Estados Unidos, así como a las sanciones internacionales impuestas en los últimos años.
4. Una caída histórica de la producción petrolera
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En el año 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, la producción petrolera de Venezuela se ubicaba en 3,1 millones de barriles al día, de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Cuando Chávez fallece, en marzo de 2013, la producción venezolana había caído a 2,3 millones de barriles diarios: una reducción de 25%.
A partir de entonces, durante el gobierno de Maduro, el volumen de petróleo extraído en Venezuela siguió en una senda de declive que lo llevó a un retroceso histórico cuando cayó hasta los 336.000 barriles diarios en junio de 2020, una producción cercana a la que tenía el país a inicios de la década de 1940.
Detrás de esta caída de la producción están los efectos de la pandemia de covid-19, que golpeó la economía mundial a partir de marzo de 2020, así como los efectos de las sanciones petroleras impuestas por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2019, después de que Maduro se juramentara como presidente para un segundo mandato tras unas elecciones que gran parte de la comunidad internacional consideró fraudulentas.
El gobierno de Maduro ha responsabilizado a estas sanciones por los problemas que enfrenta la economía venezolana debido a que limitan la capacidad de producción y de exportación de petróleo, la principal fuente de riqueza de Venezuela.
Las estadísticas de la OPEP confirman que efectivamente, tras la aplicación de estas medidas, la producción cayó de 1,1 millones de barriles diarios en enero de 2019 a 740.000 barriles en marzo.
Ese dato, no obstante, no cuenta toda la historia, pues ya antes de las sanciones, la producción petrolera venezolana se había reducido a la mitad durante el gobierno de Maduro, al pasar desde 2,3 millones de barriles diarios en marzo de 2013 a 1,1 millones en diciembre de 2018, un mes antes del anuncio de las sanciones.
