Un nuevo informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusa a Israel y Hamás de cometer una serie de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos desde el pasado 7 de octubre, cuando estalló la actual guerra entre ambos.
El informe, realizado por miembros de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, acusa a ambas partes de cometer crímenes de guerra por los ataques contra la población civil y los «asesinatos u homicidios intencionados».
La investigación, que abarca hasta finales de 2023, acusa específicamente a Israel de crímenes de lesa humanidad por tortura, «exterminio» y «persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos».
El gobierno israelí rechazó las conclusiones del informe y acusó a la comisión de la ONU de perseguir «una agenda política de miras estrechas» contra Israel.
El informe se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próxima semana. Fue realizado a través de horas de entrevistas con víctimas y testigos, informes médicos e información de fuentes abiertas.
Las acusaciones contra Israel
Los investigadores, dirigidos por la exjefa de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, afirman que el uso por parte de Israel de armamento pesado en zonas pobladas de Gaza constituía un crimen de guerra por tratarse de un ataque directo contra la población civil que pretendía causar «el máximo daño, haciendo caso omiso a los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas».
También acusan a Israel de otros crímenes de guerra, como hambruna, detención arbitraria y muerte y mutilación de «decenas de miles de niños». El informe también afirma que Israel ha impuesto un «asedio total» en Gaza que limita la energía, los alimentos y el agua a los civiles, lo que, según la investigación, equivale a un «castigo colectivo».
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Otros crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel, según los investigadores, fueron «el exterminio, el asesinato, la persecución por motivos de género de hombres y niños palestinos, el traslado forzoso de la población, la tortura y los tratos inhumanos y crueles».
Las fuerzas israelíes también son acusadas de violencia sexual por desnudar públicamente a palestinos, lo que, según los investigadores, pretendía «humillar a la comunidad en general y acentuar la subordinación de un pueblo ocupado».
Israel -que se negó a cooperar con la investigación- no tardó en rechazar el informe, acusándolo de «discriminación sistemática contra Israel».
Meirav Eilon Shahar, embajadora de Israel ante la ONU en Ginebra, acusó a la comisión de intentar establecer una falsa equivalencia entre Hamás y el ejército israelí en relación con la violencia sexual.
Las acusaciones contra Hamás
El informe también acusa al grupo militante palestino Hamás de una serie de abusos durante sus ataques del 7 de octubre en territorio israelí, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.
Señala que recopilaron pruebas de violencia sexual generalizada cometida contra mujeres israelíes y un patrón de asesinatos masivos en refugios públicos.
Según el informe, los militantes de Hamás secuestraron a rehenes «sin tener en cuenta la edad ni el sexo», y algunos fueron baleados, asesinados y exhibidos.
«Muchos secuestros se llevaron a cabo con una violencia física, mental y sexual significativa y un trato degradante y humillante, que en algunos casos incluía hacer desfilar a las secuestradas», señala la investigación.
«Las mujeres y los cuerpos de las mujeres fueron utilizados como trofeos de victoria por los perpetradores masculinos», añade.
También destacaron que niños israelíes fueron traumatizados al presenciar los asesinatos de sus padres y hermanos. Muchos de ellos fueron también víctimas de secuestro.
Hamás aún no ha hecho comentarios sobre las acusaciones.
¿Qué consecuencias puede tener el informe?
El informe en sí no conlleva ninguna sanción, pero podría utilizarse en un posible procesamiento futuro de dirigentes israelíes y de Hamás.
Michael Becker, profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Trinity College de Dublín, declaró a la BBC que la Corte Penal Internacional (CPI) -que ha dictado órdenes de detención contra dirigentes israelíes y palestinos- se basaría probablemente en el informe para encontrar nuevas líneas de investigación, pero que era poco probable que sirviera como «prueba directa» en el caso.
Añadió que «no había duda» de que Sudáfrica remitirá el informe a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de su demanda en la que acusa a Israel de genocidio en Gaza.
Señaló que la CPI «a menudo se refiere a este tipo de informes en sus decisiones», pero advirtió de que Sudáfrica tendría que convencer a los jueces de que el informe es «metodológicamente sólido».
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Tras la publicación del informe, Pillay afirmó que era «imperativo» que cualquier persona acusada de cometer crímenes en el conflicto «rindiera cuentas».
«La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y las represalias de ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional», añadió.
Sobre los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al Masri e Ismail Haniya ya pesa una orden de detención dictada por la CPI por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también son objeto de órdenes similares.
El informe del miércoles ataca específicamente la retórica empleada por algunos funcionarios israelíes no identificados que, podría equivaler a «incitación» y constituir «otros delitos internacionales graves».
Más de 37.120 personas han muerto en Gaza desde que comenzó el conflicto, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás.
Mientras tanto, la ONU se dispone a añadir por primera vez al ejército israelí, a Hamás y al brazo armado de la Yihad Islámica Palestina a su lista de infractores por violar los derechos de los niños.
El informe anual de la ONU sobre los niños en conflictos armados -visto por la BBC y cuya publicación está prevista para el jueves- está pensado para señalar a los infractores y hacer que se comprometan a aplicar las medidas trazadas por la ONU para proteger a los menores.
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