Que Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez se conviertan en la primera presidenta electa de México el 2 de junio será un símbolo para el país y un hito que culmina un proceso lento pero acelerado en los últimos años en el que las mujeres fueron ganando poder político.
Ahora México cuenta con el conjunto de leyes y normas «más fuerte» de América Latina, según Flavia Freidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde la normalización de las elecciones posterior a la Revolución Mexicana de 1910 y durante casi un siglo, solo unas pocas decenas de mujeres tuvieron oportunidad de ser electas al Congreso, de gobernar un estado del país o de ocupar un asiento en la Suprema Corte.
Eso cambió en las últimas dos décadas, sobre todo a partir de 2019 con una ley que desde entonces exige “paridad en todo”, es decir, que las mujeres ocupen 50% de las candidaturas y puestos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, estatal y municipal.
Tener más mujeres en el poder político permitió avances, pero no que haya legislaciones efectivas para lograr la igualdad en cuestiones como salarios, la disminución de la violencia en su contra y los feminicidios, o que les permita acceder plenamente a los sistemas de salud.
«Desde una reforma no se cambia la realidad de las mujeres de un día para otro, pero se avanza, se va mejorando”, expone la investigadora Lorena Vázquez, una especialista en políticas de género.
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«No se trataba de una resistencia de los mexicanos contra la postulación de mujeres a puestos de decisión. En realidad lo que se veía era la resistencia de los partidos, no la resistencia de la ciudadanía», explica
“Pero hoy los partidos mayoritarios, los que tienen posibilidades de ganar, por primera vez postularon a mujeres a la presidencia de la República. Y eso es histórico”, añade.
Los números del cambio
Cuando México eligió por primera vez a una mujer diputada en 1954, Aurora Jiménez, por ese mismo cargo ya habían pasado miles de hombres en más de 130 años de historia independiente.
Después de Jiménez, tuvo que pasar una década más para que el país tuviera a sus primeras senadoras (1964), Alicia Arellano y María Lavalle. Otros 25 años más para ver a una gobernadora estatal (1979), Griselda Álvarez. Y la primera presidenta de la Suprema Corte recién accedió al cargo recién en 2023, Norma Piña.
La elección de la magistrada Piña fue un hito y la confirmación del notable crecimiento de mujeres en los tres poderes a partir de la década pasada, reflejo de que las mujeres representan el 51% de la población mexicana, componen la mayoría de la militancia de los partidos y son las que más participan en los actos de campaña.
En la conformación del Congreso federal, de 1988 a 2018 la participación de la mujer se cuadruplicó hasta llegar a la paridad actual con los hombres.
En el caso del Ejecutivo, Rosa Luz Alegría fue la primera mujer en integrar un gabinete presidencial en 1980. Y solo hubo 23 mujeres en todos las carteras del gobierno de más de 120 puestos disponibles en los gobiernos siguientes.
En el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2018 las mujeres ocupan diez de las 20 secretarías (ministerios) del gobierno federal.
En el Poder Judicial la participación de la mujer ha sido más limitada. María Cristina Salmorán fue la primera jurista en integrarse a la Suprema Corte en 1961 y desde entonces hubo solo 9 mujeres entre más de ocho decenas de hombres.
Pero desde que las nuevas leyes entraron en vigor, cinco mujeres fueron nombradas en la Suprema Corte que ahora preside Norma Piña.
De 1953 a 2015 sólo hubo seis gobernadoras. Ahora hay una mujer al frente de diez de los 32 estados del país.
Y aunque en el pasado hubo candidatas a la presidencia, con Rosario Ibarra como pionera en 1982, nunca antes una mujer se postuló por un partido que tuviera oportunidades suficientes para disputar el primer lugar.
En la actual contienda, las dos principales candidatas, Sheinbaum y Gálvez, son mujeres.
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Para Freidenberg, resulta alentador que en 2024 dos mujeres fueran nominadas para la presidencia por la coaliciones mayoritarias, aunque desde su perspectiva también se debió a una lógica partidista del momento.
“Es muy positivo tener dos candidatas presidentas, eso en sí mismo es un hito”, destaca.
La “combinación maravillosa”
Freidenberg y Velázquez coinciden en que fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín 1995 la que dio el punto de partida para que muchas democracias, incluida la mexicana, comenzara a adoptar leyes y normas afirmativas para garantizar el acceso a la mujer a los espacios públicos decisorios.
El impulso de las mujeres llevó a México a aprobar en 2002 una “cuota de género” que le daba un tercio de candidaturas en los partidos a las mujeres. Y ese número creció a 40% luego de varias sentencias promovidas por los movimientos de activistas y políticas.
La resistencia de los partidos, sin embargo, se vio en estrategias regresivas como el caso de las “Juanitas” o “Manuelitas”, llamadas así por políticos que intervenían para que suplentes hombres de legisladoras o funcionarias electas las reemplazaran nada más iniciar su encargo.
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El Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral establecieron cambios para evitar eso. Pero lo que fue clave en la paridad vino desde el Congreso al establecer a nivel constitucional la paridad obligatoria en 2014, lo que por primera vez puso en equidad a la mujer en las postulaciones políticas.
Pero entonces detectaron otro problema: los partidos estaban registrando a las mujeres como candidatas en distritos donde históricamente tenían pocas posibilidades de ganar. Y entonces el INE estableció una nueva medida para prohibir a los partidos postularlas en distritos “perdedores”, según una escala que crearon.
Y en 2019 surgió una nueva legislación: la “Paridad en Todo” que ordena que los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- y los organismos públicos autónomos reserven el 50% de los puestos de toma de decisiones a las mujeres.
Toda esta evolución fue acompañada por colectivos como Mujeres en Plural o 50+1 conformado por redes de políticas, académicas, funcionarias y activistas.
“Esta es la combinación maravillosa que se da en México”, resalta Freidenberg.
“Tienes reglas paritarias en la Constitución; tienes actores con voluntad política para hacer efectiva la norma en la autoridad jurisdiccional y administrativa: y un movimiento de mujeres cohesionado”, enfatiza la investigadora.
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En especial resalta la lucha de colectivos que vigilan el cumplimiento de las leyes para evitar “válvulas de escape” que permitan a los responsables, en especial a los partidos políticos y sus dirigencias, encontrar formas de evadir las normas.
“Lo que tiene México son bulldogs y rottweilers que están así [vigilantes] para meter un litigio cuando los partidos no cumplan. Y del otro lado están las magistradas y magistrados esperando para sancionar cuando no cumplan”, señala Freidenberg.
Para Velázquez, “México está a la vanguardia de todos los países del mundo en adopción de mecanismos formales para garantizar el acceso a las mujeres a todos los espacios de decisión”.
“El país fue muy constante en las reformas y en ir mejorando los mecanismos. Y fue progresivo: se fueron haciendo reformas hasta que se llegó a 2019. Institucionalmente hay mecanismos fuertes para que lo que dice la ley se convierta en realidad”.
Más mujeres, ¿mejores leyes?
La conformación de Congresos con 50% o más de mujeres se convirtió en realidad a medida que se renovaron las cámaras tanto a nivel federal como estatal desde la década pasada.
Freidenberg explica que esto es un notable logro. Pero también señala que no es garantía de que las mujeres electas tengan una perspectiva feminista o de defensa de la agenda de la mujer, ni hay garantías plenas de que ejerzan sus cargos libres de violencia machista o patriarcal.
“Por más que haya paridad, que aprueben las normas, que las candidaturas sean igualitarias, sigue habiendo resistencias. De ciudadanos hombres y de ciudadanas mujeres también”, considera.
La investigadora encabezó un amplio estudio de 24.397 propuestas presentadas ante los congresos de 64 legislaturas en los 32 estados del país. De estas iniciativas, alrededor de 4.000 tenían que ver con planes para mejorar la vida de las mujeres en el país.
“Las agendas que más se han impulsado y aprobado son aquellas que tienen que ver con la participación de las mujeres y con la violencia política en razón de género», y las que tienen que ver con autonomía económica, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, pero “sin desafiar a los partidos en el poder, en la mayoría”.
«Más mujeres en los cargos no siempre significa más mujeres con poder para impulsar agendas orientadas a los derechos de la mujer, para su autonomía e igualdad».
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La despenalización de la interrupción del embarazo también se dio en las últimas dos décadas con el impulso de una parte de las mujeres que gestionaron amparos ante la Suprema Corte, que finalmente en 2023 emitió un falló a nivel federal.
También 13 estados crearon leyes en sus Congresos locales que permiten la elección de las mujeres sin justificación.
Velázquez también ejemplifica las leyes para darle seguridad social a las trabajadoras del hogar, la Ley Olimpia contra la violencia en espacios digitales, o la que sanciona la “violencia vicaria”, en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas como instrumento para hacer daño a la madre o la expareja.
Sin embargo, existen muchos asuntos que aún son una deuda con las mujeres: el acceso al empleo formal aún es menor para ellas (apenas un 45% de la fuerza laboral femenina) y la brecha salarial promedio hace que las mujeres tengan un ingreso 16% inferior al de los hombres.
Y México registra una tasa de 1,5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, la quinta más alta entre los países de América Latina, con más de 4.700 casos entre 2018 y 2022, según un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Por supuesto podemos criticar la eficiencia de estas normas o la efectividad, pero aun cuando podemos hacer observaciones, se puso sobre la mesa el tema y se avanzó”, considera Velázquez.
“México todavía tiene muchas prácticas patriarcales y hay mucho machismo, sin duda. Los cambios culturales siempre llevan más tiempo. Lo que hacen las acciones afirmativas, como en este caso las cuotas de género o la paridad, es reducir el tiempo que llevaría a una sociedad como México llegar a esa igualdad sin la intervención del Estado”.
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