Los imputados han admitido haber desfalcado a millonarios agrícolas, según el Ministerio Público
Santo Domingo.- El hijo del viceministro de Agricultura, Julio Domínguez Fernández, y un empleado de la misma institución debían admitir su responsabilidad en el desfalco de cuatro millones de pesos en esa dependencia estatal, según informó el Ministerio Público, que dijo que presentó prueba fehaciente contra los imputados a quienes la Oficina Nacional de Responsabilidad Económica les había garantizado 5000 de responsabilidad económica. Vladimir Núñez amplió la información.
Al salir del juzgado, los imputados Julio Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo permanecieron en silencio mientras eran trasladados a las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Según el director de Pepcar, Wilson Camacho, ante la cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público, los imputados se vieron obligados a reconocer los hechos que se les imputaban.
“Es el resultado, como siempre, que ante la enorme cantidad de pruebas que presenta el Ministerio Público en los casos, es difícil negar su comisión y en este caso los imputados y sus defensas técnicas admitieron la verdad”, dijo Camacho.
El magistrado Camacho se refirió a las pruebas y testimonios con que cuenta el Ministerio Público para que el tribunal condene a los imputados.
“El Ministerio Público aportó más de cien elementos de prueba en este caso, por lo que los imputados no pudieron negar la verdad en juicio”, dijo.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público Julio Domínguez Solano y el venezolano Antonio José Paredes no estuvieron de acuerdo con las medidas cautelares impuestas a Elizondo.
“Estas personas no solo presentan un riesgo de fuga porque no pudieron demostrar ante un tribunal que tienen un domicilio particular, sino que el principal imputado en este proceso tiene conocimientos informáticos, lo que podría afectar la investigación”, enfatizó Camacho.
En principio La defensa de los imputados culpó la actuación del Ministerio Público a supuestas operaciones donde se transfirieron irregularmente fondos de la agricultura a cuentas privadas para temas políticos.
Además de la fianza de 500.000 pesos, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso restricciones periódicas de comparecencia y salida a los imputados.
