La fiscalía apelará la millonaria sentencia que le impuso el tribunal
Santo Domingo. El Ministerio Público ha anunciado que apelará la sentencia que condenó a la Fiscalía General de la República a pagar más de 7,5 millones de pesos a favor de uno de los diez imputados en el caso de presunto fraude y sabotaje a la red de semáforos.
La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla Rosario, condenó al organismo fiscal a pagar más de 7,5 millones de pesos a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
El monto corresponde a un acuerdo astrin, una sanción pecuniaria impuesta el año pasado por incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba el embargo y entrega de bienes solicitados por el imputado.
En ese sentido, los fiscales de la Fiscalía Especializada en Juicio de la Corrupción Administrativa (PEPCA) interpusieron el recurso en el entendido de que el proceso judicial por corrupción administrativa continúa en los tribunales contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Compartas.
Anunciaron que, en un inicio, el juez Padilla Rosario dictó decisión a favor del imputado pese al sobreseimiento del caso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Juzgado Sexto de Instrucción del Distrito Nacional, quien conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura de juicio.
Los fiscales asignados a Pepka, Jonathan Pérez y Miguel Collado, también declararon que el juez estaba desvirtuando la imagen de Astrin y, en base a ese error, fijó una cantidad excesiva que quiso convertir en indemnización para el acusado de corrupción.
"Recibimos notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para interponer recurso de apelación", dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el caso en el que aparece como imputado Álvarez Carbuccia será conocido en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, previsto para el 11 de agosto.
Explicó que incluso el tribunal que ahora está a cargo del referido caso de corrupción no tiene competencia para conocer el recurso de apelación sobre la demanda de aparatos telefónicos interpuesto por el acusado Álvarez Corbuccia, al no ser un tribunal administrativo.
La decisión del juez Padilla Rosario establece el pago de RD$7,560,000.00 al demandado Álvarez Carbuccia por la liquidación de astreinte*** una serie de productos ya recibidos por los demandados, quienes además reclamaron la entrega de un teléfono móvil marca Samsung S3, con un valor de mercado aproximado de RD$300.
Álvarez Corbuccia figura como imputado en el caso en el que Hugo Berras, mientras dirigía el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), participó en la adjudicación fraudulenta de empresas sin capacidades técnicas y la manipulación de redes de semáforos y sistemas de videovigilancia, según la acusación.
