Al no vivir en la luna, el ministro de Finanzas, Magyn Díaz, sabe muy bien que los intereses políticos y económicos han impedido el consenso sobre reglas fiscales y tributarias que sean estables en el tiempo para promover la inversión.
No es que no tenga razón, pero esa queja no va a conseguir nada.
En términos de realidad, lo importante es que las autoridades decidan convencer a la población de la necesidad de impulsar reformas que garanticen la estabilidad para evitar la catástrofe que se vive desde hace tiempo.
El Código Penal es un buen ejemplo.
Varios llamados a un acuerdo nacional siguen en el aire, ya que ningún sector quiere renunciar ni siquiera a una fracción de su capital político o económico.
Ante realidades tan determinantes, las autoridades deben aceptar sus responsabilidades sin buscar el consenso.
