El ejercicio del periodismo conlleva muchas responsabilidades. Los poderes de información, investigación y seguimiento son pilares esenciales de cualquier democracia. Sin embargo, esta misión nunca debe confundirse con la violación de los derechos humanos a la dignidad, el honor y la integridad.
Como periodista, creo que es hora de establecer límites claros entre la libertad de expresión y el abuso de ese derecho. Las redes sociales no pueden convertirse en un escenario en el que se manche la reputación, se difundan acusaciones sin pruebas o se utilicen los medios y las plataformas digitales para violar derechos fundamentales sin asumir responsabilidades.
En este contexto, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal relativas a la protección de la integridad y dignidad humana representan un llamado al deber. No se trata de censurar el periodismo o impedir críticas legítimas; Se trata de recordar que todas las libertades conllevan deberes y que el ejercicio de un derecho termina donde comienza la violación de los derechos de otro.
La ética en el periodismo existe y debe ser el principal referente para quienes ejercemos esta profesión. La búsqueda, "preferencia", tendencia o inmediatez de la audiencia nunca puede estar por encima de la verdad, la verificación de la verdad y el respeto a la dignidad humana.
En los últimos años hemos visto cómo las redes sociales han servido para proliferar campañas de difamación, difamaciones y juicios mediáticos que en muchos casos condenan a personas sin una decisión judicial. Este fenómeno ha creado un entorno en el que algunos creen que pueden hablar sin afrontar las consecuencias.
El Estado de derecho no puede permitir que la libertad de expresión se utilice como escudo para los abusos. Proteger este derecho significa proteger a quienes son víctimas de información falsa, difamatoria o emitida con clara intención de dañar.
Por supuesto, cualquier ley debe aplicarse con estricto respeto a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando que nunca se utilice para oprimir al periodismo independiente o silenciar críticas legítimas a funcionarios o instituciones gubernamentales. Proteger la libertad de prensa y proteger la dignidad humana no son objetivos incompatibles; Ambos pueden coexistir.
La República Dominicana necesita fortalecer la cultura de rendición de cuentas en el uso de las palabras. El debate público debe caracterizarse por la razón, la evidencia y el respeto, no por una incompetencia persistente o una promoción irresponsable de contenidos.
Es hora de hacer el pedido. La libertad de expresión es uno de los mayores logros de la democracia y debe defenderse enérgicamente. Pero nunca debería ser el tipo de infamia que justifica violar el honor y la integridad de las personas. Una sociedad verdaderamente democrática protege no sólo el derecho a hablar, sino también el derecho a respetar la dignidad de cada ciudadano.
