Con los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo ya a punto de iniciarse, el costo de renovación de las instalaciones que albergarán el evento varía entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, según los medios que difunden la información. Debemos empezar a pensar en lo que sucederá al día siguiente de su conclusión y dejar que lo que pasó después de los Juegos Panamericanos de 2003 nos sirva de lección.
En República Dominicana la administración de estadios y recintos deportivos se realiza con un sistema sin fines de lucro de voluntarios, comités y patronatos. Este enfoque dificulta la monetización del uso de estos espacios e impide generar fondos suficientes para mantenerlos y mejorarlos en el tiempo. En el resto del mundo esta visión de los recintos deportivos ya es cosa del pasado y debemos evolucionar también.
En otros países se acostumbra confiar la administración de los recintos deportivos a una organización especializada en este servicio. En muchos casos, la asignación se realiza mediante licitación pública para participantes privados. En otros casos, el país o municipio crea su propia empresa para encargarse de esta administración. El modelo más adecuado dependerá del tipo de recinto, del deporte que se practique, de si tiene usuarios recurrentes y otras condiciones, pero el enfoque rara vez es puramente no lucrativo, pues ya está bastante claro que estas instalaciones no sólo transfieren importantes cantidades de dinero con las actividades que albergan, sino que también requieren mucho dinero para mantenerse en el tiempo.
Repensar los estadios va más allá de su administración, debe tocar los aspectos más esenciales de su existencia, entre ellos sus nombres. Históricamente hemos nombrado nuestros estadios, por ley o decreto, en honor a figuras destacadas del deporte que se practica en ese recinto. Es un gesto que, aunque bien intencionado, le ha costado al Estado dominicano miles de millones de pesos en costos de oportunidad.
Un ejemplo real y tangible de esto es el nuevo Banerrace Arena. A cambio del nombre de un recinto deportivo durante 20 años, el Estado recibió 450 millones de RD$ que finalmente no tuvieron que salir del presupuesto nacional. Así, otros espacios icónicos del país como el Estadio Quisquea Juan Marichal, el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira, el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, el Palacio de Voleibol Ricardo Georiver Arias, entre otros, permiten el flujo de cánones. Cubriendo su reconstrucción o su mantenimiento con un simple cambio de nombre, es sin falta de respeto a la gloria deportiva de nuestra nación que puede ser reconocida y honrada de otras formas menos costosas para el estado y el deporte dominicano.
Es hora de dejar de ver las grandes inversiones que el Estado dominicano hace en el deporte como regalos o como un ejercicio caritativo para que “la gente pueda disfrutar de los lugares”. Estos cuestan dinero y generan dinero y debemos sugerir que pueden ser autosostenibles, no sólo para el beneficio de nuestros atletas, sino también para nuestros contribuyentes que financian sus repetidas renovaciones.
