El fallo de la Corte Constitucional en 2018 que anuló la condena de la Corte Suprema en el juicio a un teniente coronel de policía que mató a un taxista en Hato Mayor confirma que todo está visto en la justicia dominicana.
El Tribunal Constitucional dijo haber verificado que nadie más que el Tribunal Superior había violado el plazo establecido por la ley sin justificación válida, violando así el derecho fundamental al debido proceso y al plazo razonable.
El coronel Emilio Corsino Galván llevó el caso al Tribunal Constitucional al considerar que la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia había excedido el plazo de cinco años para dictaminar el proceso.
La Corte Constitucional constató que habían transcurrido cinco años y dos meses entre las medidas coercitivas dictadas el 10 de agosto de 2018 y la sentencia irrevocable de la Corte Suprema de 31 de octubre de 2023.
Es preocupante que el propio poder judicial viole la ley o intente obstruir los procesos para justificar la decisión.
La Segunda Sala se defendió argumentando que el proceso transcurrió por las etapas procesales normales. Pero visto todo aquí, cuesta creer que la sentencia del Tribunal Constitucional anulara la sentencia del Tribunal Supremo.
