Panorama Nacional.– Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella fue citado formalmente a comparecer ante el tribunal en el marco de un proceso de ejecución de la sentencia laboral firme que, según los demandantes, continúa siendo cumplida por el Estado dominicano.
El abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico y de Inversiones Batia Ramos y representante legal de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joan Carlos Molina Romero, informó que el Ministerio de Obras Públicas no implementó varias decisiones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por lo que fue necesario demandar acciones legales.
Batia explicó que, mediante la Ley de Notificación de Orden y Citación No. 229-26, tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Procuraduría General de la República Administrativa (PGA) fueron citados para asistir a las audiencias pertinentes en el proceso de ejecución.
El jurista sostuvo que las medidas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de decisiones que han adquirido irrevocablemente la autoridad del poder judicial de conformidad con los principios de tutela judicial efectiva, tutela judicial y respeto al Estado de derecho.
Confiscación de fondos del MOPC
Como parte del proceso, los demandantes también iniciaron un proceso contra el MOPC para oponerse a la entrega de valores y detener el decomiso.
En ese sentido, Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, mediante Ley N° 266-26, dictada por el Primer Mini Juzgado de 6 de noviembre de 520, prohibió la retención de fondos del Ministerio depositados en el Banco de Reserva, sustentada en Sentencia Definitiva N° 0030-02-2025-SSEN-00702.
Asimismo, Joan Carlos de la Altagracia Molina Romero implementó un procedimiento similar a través de la Ley No. 265-26 con base en Sentencia Definitiva No. 0030-1643-2025-SSEN-00799 emitida por la Sala Quinta del TSA el 21 de noviembre de 2025.
Según la defensa, estas acciones tienen por objeto hacer cumplir las sentencias judiciales firmes que reconocen derechos a quienes representan y que afirman, aún pendientes de la anuencia del Ministerio de Fomento.
