Panorama Nacional.- El abogado Manuel Conde, miembro del Equipo de Recuperación de Activos Públicos (ERPP), aseguró este martes que el proceso judicial resultante de la Operación Onco14 enviará un contundente mensaje de que el Estado dominicano no tolerará la corrupción, especialmente cuando afecta recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables.
Tras abandonar el Palacio de Justicia de Santiago, donde se impusieron medidas coercitivas a los principales imputados en el caso, Conde sostuvo que el proceso busca sentar un precedente contra quienes se apropian de fondos públicos para la atención de pacientes con cáncer.
Conde explicó que, según la investigación del Ministerio Público, el supuesto proyecto podría haber causado una pérdida económica de más de RD$3,750 millones, siendo los recursos provenientes tanto del régimen contributivo como del subsidiado Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), siendo este último el que más sufrió.
"Este complot ha afectado a los más pobres", afirmó.
La declaración se produjo luego de que la jueza Stephanie Santiago Reyes de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de Santiago ordenara 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruzeta, expresidente de la Junta Cibaeno Contra el Cáncer, y Luisa Vasiris Guzmana, presidenta de la D. Además, el tribunal declaró complejo el proceso.
Según el Ministerio Público, la Operación Onco14 desmanteló una presunta estructura criminal que durante años desvió fondos para el tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Regional de Cáncer de Sibao (IORC) mediante tácticas fraudulentas relacionadas con pagos, captación y gestión de recursos del sistema de seguridad social.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecuciones del Ministerio Público, quienes continúan las investigaciones para determinar el alcance del presunto fraude y establecer si existen otros involucrados que podrían ser procesados.
