El abogado Sergio Farcal fue detenido acusado de desacato al tribunal en el caso del proyectil policial
Santo Domingo.- La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ordenó este martes la detención por 24 horas del abogado Sergio Augusto Farcal, exjuez del Primer Tribunal Colegiado de Santiago y defensor de la Policía Nacional, coronel Narciso Antonio Feliz Romero, principal imputado en un caso de casi un millón. Administración de Armas Organizacionales.
La medida fue implementada de inmediato durante las audiencias preliminares de un proceso inicialmente conocido como Operación Pandora, luego de que los magistrados consideraron que el juez había cometido desacato, conducta permitida por la ley procesal durante el desarrollo de las audiencias judiciales.
Luego de ser escoltado fuera de la sala por agentes de seguridad judicial y trasladado al centro de prisión preventiva del juzgado de Ciudad Nueva, Farcal confirmó la decisión del juez y aseguró que la acatará.
"Me mandó 24 horas preso. Cumpliremos con lo que haya decidido ese juez; soy un hombre y asumo mi responsabilidad dondequiera que esté. Cumpliré con lo que digan… lo que ellos entiendan, lo que diga la ley", reveló mientras lo trasladaban a la celda.
Sin embargo, el abogado negó el desacato y sostuvo que el hecho ocurrió porque el juez quiso continuar con la audiencia preliminar sin permitirle presentar un pedido para que cesaran las medidas coercitivas que pesaban sobre su defendido.
Según explicó, en ningún momento se negó a participar en la audiencia, solo insistió en que su solicitud fuera conocida con antelación, por considerar que la medida formaba parte de la garantía del debido proceso.
El hecho se produjo en las primeras etapas del proceso que seguía la presunta red de tráfico de armas y municiones que, según el Ministerio Público, operaba desde la Policía Nacional y cuyo principal imputado era el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, representado legalmente por Furcal.
Al concluir la audiencia preliminar, el expediente judicial pasa a la siguiente etapa procesal, mientras continúa el conocimiento del caso que investiga la desaparición de cerca de un millón de proyectiles de la Administración de Armas de la Policía Nacional.
