Panorama Nacional.– La abogada fiscal Pablita Cabrera Martínez interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra varios aspectos de la recientemente promulgada Ley 30-26 sobre crecimiento económico, simplificación tributaria y medidas de mitigación de crisis internacionales.
Profesionales del Derecho, representantes de la Asociación de Empresarios Unidos por el Desarrollo y la Libertad (Imudeli), cuestionan específicamente el artículo 2, inciso IV y el artículo 17 letra A de la ley, al considerar que violan derechos fundamentales y principios constitucionales.
Cabrera Martínez explicó que una de las objeciones se relaciona con las disposiciones que regulan la retención sobre el alquiler, argumentando que la ley impone obligaciones generales de retención a personas que no están legalmente definidas como agentes retenedores.
“Estamos trabajando en el artículo 17 letra A de la Ley de Retención de Rentas, ya que abiertamente pone una obligación en manos de personas que no han sido declaradas como agentes retenedores”, dijo.
El jurista también cuestionó la Cláusula IV del artículo 2, al entender que establece condiciones que podrían afectar el derecho de los contribuyentes a apelar decisiones administrativas sin enfrentar consecuencias financieras inmediatas.
Según ellos, estas disposiciones pueden violar garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
La acción fue presentada ante la Corte Constitucional, la cual debe evaluar los argumentos planteados y determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan a la Constitución de la República.
La Ley 30-26 fue introducida recientemente por el presidente Luis Abinada como parte del llamado plan anticrisis, una norma que busca fortalecer los ingresos del Estado y establecer medidas encaminadas al crecimiento económico y la estabilidad financiera.
