El plan anticrisis que estudia hoy una comisión bicameral del Congreso Nacional es una propuesta integral, que ha sido ampliamente analizada y desarrollada a través de un proceso de consenso con los sectores productivos del país.
También beneficiará a las microempresas, que representan el 78% de las empresas que reportan ISR, excluyendo anticipos fiscales.
Las pequeñas empresas pasarán de 12 pagos al año a sólo tres, mientras que el sector agrícola quedará exento de pagos anticipados y del impuesto sobre el patrimonio.
La principal medida de consolidación fiscal es un recargo de tres puntos porcentuales al ISR de las grandes empresas, que aumentará del 27 al 30% durante tres años para ingresos anuales superiores a los RD$1,000 millones.
Según documentos enviados al Congreso, el grupo incluye apenas 1.000 empresas de un universo de 140.000 que presentaron declaraciones de impuesto sobre la renta en 2025, menos del 0,8% del total.
Recientemente escribí un artículo advirtiendo sobre cómo la economía informal está perjudicando el desarrollo de nuestro país.
Sugirió que si el gobierno no se dedica a diseñar un plan para formalizar a los actores económicos informales, tendremos que recurrir a este tipo de mosaicos ante cada crisis pública.
En aquella ocasión, junto al Ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, propusimos que cuando un país logre reducir al mínimo los actores económicos informales, su recaudación aumentará, pero al formalizarse los empresarios los dueños de negocios podrán acceder a créditos blandos y seguridad social para sus trabajadores.
Sin embargo, para mí, el elemento más importante de esta iniciativa son las disposiciones destinadas a reducir la carga fiscal para los sectores de menores ingresos.
Para las personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del impuesto a la renta personal y eleva el mínimo de exención de RD$34,685 a RD$39,900, suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar en el segundo quintil de ingresos.
