Panorama Nacional._ El proyecto de ley que busca regular la prohibición de retenciones de República Dominicana comenzó a consensuarse este martes entre diputados y representantes de la Superintendencia de Bancos. La iniciativa busca poner límites a una práctica que, según legisladores y tecnólogos, afecta a ciudadanos y organizaciones desde hace años.
La discusión se llevó a cabo en la Comisión Judicial de la Cámara de Diputados, presidida por Wandi Batista. Allí, funcionarios del sistema financiero expusieron las debilidades de las leyes actuales y las consecuencias de las sanciones implementadas sin controles estrictos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es evitar que terceros puedan inmovilizar los fondos del banco con sólo quejarse de la deuda. La propuesta, impulsada por los senadores Antonio Taveras Guzmán y Cristóbal Venerado Castillo, establece que un juez determinará la validez de estas diligencias.
Luz Marte Santana, asesora jurídica de la Superintendencia de Bancos, advirtió que la falta de reglas claras permitió abusos que paralizaron cuentas personales y comerciales. Explicó que muchas empresas enfrentan dificultades para cumplir con la nómina debido a la prohibición de permanecer abiertas indefinidamente.
"Un tercero no puede decidir el destino de la riqueza de otro", dijo Marte Santana durante su discurso ante la comisión. El funcionario sostuvo que la práctica generaba inseguridad jurídica y dañaba la economía nacional.
Además de redefinir el procedimiento, la iniciativa contempla fijar plazos más cortos para los embargos. Según técnicos de la Superintendencia, esto evitará que las cuentas bancarias queden congeladas por mucho tiempo sin una decisión judicial firme.
El presidente de la Comisión Legislativa consideró que la aprobación del proyecto no debe depender de la negociación del nuevo Código Civil. "Tenemos que cerrar el año con este proyecto aprobado", afirmó Wandi Battista, subrayando la urgencia de la renovación.
A la reunión también asistieron el intendente del banco, Julio Enrique Caminero, y el encargado del caso, Ricardo Corniel. Los diputados solicitaron a la Superintendencia enviar documentación técnica adicional para continuar estudiando la propuesta.
