Las demandas en las instituciones gubernamentales de documentos en poder de otras entidades fueron el colmo del resentimiento y la negligencia. El intercambio de tecnología e información no se tiene en cuenta al solicitar documentos en poder de diferentes organizaciones.
Un caso inexplicado es la exigencia de un certificado de cumplimiento de pago de impuestos a la DGII cuando la Contraloría General de la República tiene los medios para verificar la información. Es como una forma de evadir a los contribuyentes.
Se pueden citar muchos otros casos que ponen en duda la eficacia del servicio público.
A través del Decreto 403-26, el Poder Ejecutivo creó un marco nacional de interoperabilidad y gobernanza destinado a fortalecer el intercambio de información entre instituciones estatales. La decisión era más que necesaria para agilizar la prestación de servicios públicos haciéndola más fácil para los usuarios y contribuyentes.
El decreto es una respuesta auspiciosa para superar obstáculos molestos e incluso costosos. Ahora a ver si se cumple del todo. Como debería ser.
