Panorama Nacional. La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra varias instituciones del sistema de justicia por reportar hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento Alma Rosa en Santo Domingo Este. La entidad busca tomar medidas para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de libertad.
La acción fue presentada el 8 de junio de 2026, luego de una inspección realizada por las Defensoras Públicas Nelsa Almanzor y Winnie Adames. Durante la visita, descubrieron que 85 personas se encontraban retenidas en lugares habilitados únicamente para detención temporal.
Según Defensa Pública, 27 de los detenidos se encontraban a la espera de medidas coercitivas o trámites procesales ante el Ministerio Público. Aunque otros 58 ya han impuesto decisiones judiciales, la segregación continúa debido a los retrasos en los traslados a los centros penitenciarios.
La organización señaló que la larga permanencia de los presos en las instalaciones policiales provocaba fallas en el sistema de traslado del centro penitenciario. Indicó que estos lugares no cuentan con las condiciones necesarias para albergar personas por períodos prolongados de tiempo.
La ONDP sostiene que la situación afecta derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud, la integridad física y moral, además del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Confirmó que estas garantías están amparadas por la Constitución dominicana y los tratados internacionales.
El Director Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que el problema no se limita al destacamento Alma Rosa, sino que también se presenta en otras comisarías de Santo Domingo Este. Consideró que no se debe normalizar la detención temporal de personas para que permanezcan por días o semanas.
La primera audiencia del recurso de apelación fue conocida por la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, pero la audiencia de fondo fue postergada. La decisión se tomó después de que varias instituciones presentaran hechos sistemáticos.
Entre las entidades involucradas se encuentran la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penales y Correccionales (DGSPC), la Fiscalía de Santo Domingo y la Dirección Regional de la Policía Nacional. El tribunal fijó la continuación del proceso para el 10 de julio, fecha en la que deberán presentar sus escritos de defensa.
La Defensa Pública recuerda que en 2019 impulsó una acción similar por el estado de la llamada “pequeña cárcel” del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, recurso que fue aceptado por el tribunal y confirmado por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0501/20. La organización ha asegurado que seguirá visitando centros de detención y promoviendo medidas legales para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.
