Cambios en las leyes de residuos sólidos: ¿una estrategia secreta que oculta intereses?
La velocidad con la que el Congreso enmendó la Ley de Residuos Sólidos para convertir el proyecto en ley es motivo de preocupación.
Acababa de ser aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados cuando al día siguiente el Senado lo declaró urgente y lo aprobó en dos lecturas consecutivas.
La inclusión de esta pieza en la agenda a pedido del senador Antonio Marte (PRM-Santiago Rodríguez) parece una estratagema para engatusar a los incautos.
Todo lo ACN la basura emite mal olor y el proyecto de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos no es la excepción.
Algunos sectores parecen interesados en que el proyecto sea sancionado lo antes posible.
La ley incluye cambios en el pago por parte de las personas jurídicas y la prohibición de la importación de productos de espuma.
La sección 36 es la más controvertida.
Establece que cada entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en función de sus ingresos para crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrollar un sistema de gestión.
