Panorama Nacional. Trajano Potentini, del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), expresó el apoyo institucional del gremio a la propuesta de suspender la aplicación del nuevo código penal por unos seis meses, con el objetivo de corregir las disposiciones actuales por inconsistencias, errores e incluso posible inconstitucionalidad, según él.
Potentini sostuvo que, si bien el país necesita urgentemente una ley penal moderna, capaz de responder a la evolución del crimen organizado, el crimen tecnológico y los nuevos métodos criminales, esa actualización no puede realizarse a costa de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución.
El Presidente del CARD reconoció que el Código Penal es una necesidad y un deber para República Dominicana, pero debe implementarse con las modificaciones necesarias. Entre las cuestiones que requieren revisión se encuentran disposiciones que pueden afectar la libertad de expresión y otros logros democráticos, las cuales, dijo, deben adaptarse al marco constitucional antes de que las normas entren en vigor.
En ese sentido, Potentini indicó que el Colegio de Abogados suscribe la posición propuesta por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), autorizando una prórroga compuesta por el Congreso Nacional que extiende la entrada en vigor del Código Penal después del 5 de agosto siguiente, dando alrededor de seis meses para modificar a Parentini. "Apoyamos plenamente una ampliación legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias identificadas y garantizar que "el nuevo código penal se fortalezca, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales", expresó.
Las declaraciones de Trajano Potentini fueron realizadas durante una entrevista en el programa Matinal 5 transmitido por Telemicro, Canal 5, en la que participó junto a los periodistas Percio Maldonado, Laura Castellanos y Domingo del Pilar, quienes abordaron los principales desafíos legales y constitucionales provocados por la inminente entrada de la nueva ley penal.
Finalmente, el presidente del CARD reiteró que una revisión responsable del texto fortalecería la protección jurídica y permitiría al país un código penal moderno, constitucionalmente sólido y acorde con las exigencias del derecho de un Estado social y democrático.
