Panorama Nacional. Junto a la Junta Central Electoral (JCE), el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y otras 14 instituciones, “Renovaron el Convenio Marco de Cooperación Internacional para la Inscripción y Exclusión de Nacimientos”.
El acuerdo tiene como objetivo optimizar la representación de los funcionarios del registro civil radicados en hospitales y clínicas del país, para fortalecer la inscripción oportuna de los nacimientos con la declaración inmediata de los recién nacidos en el registro civil, garantizando así su derecho inalienable a la personalidad jurídica.
El Acuerdo transfiere la coordinación general del Comité de Articulación y Seguimiento del CONANI a la JCE, en reconocimiento a su función constitucional y legal como órgano rector del Registro Civil y autoridad competente en materia de identidad y estado civil.
Por la JCE estuvieron presentes su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los vocales titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Issa y Hereda Marcel Fernández Guzmán; así como Rhina Díaz, Directora del Registro Civil.
El documento también fue firmado por los responsables de las organizaciones participantes y presenciado por Raquel Arbaaz, Primera Dama y Presidenta Honoraria de GANA; En representación del Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la Viceministra de Desarrollo y Participación Social, María del Pilar Cañas; y Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo de la Judicatura (PJ), en representación de la magistrada Nancy Salcedo.
Las instituciones firmantes incluyen el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Servicio Nacional de Salud (SNS), Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), Ministerio Público (MP), Ministerio de Educación (MINERD), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Dirección Unida de Desarrollo Social y NAIPI. (UNICEF), entidades que se han comprometido a implementar un nuevo plan de acción que priorice la asistencia jurídica gratuita y reducir las brechas de subregistro en comunidades vulnerables.
Presidente de la JCE: Cada niño y niña que nace sale con su acta en brazos El Presidente de la JCE destaca que entre los objetivos de este acuerdo se encuentra fortalecer la relación entre las instituciones del Estado cuyas competencias están íntimamente ligadas a la inscripción del nacimiento, hecho importante que marca el punto de partida de la existencia jurídica de una persona y se convierte en un puente desde el primer momento del ejercicio de sus derechos fundamentales en la vida.
Enfatizó que se quiere asegurar que cada nacimiento sea registrado oportunamente, para superar el subregistro o registro tardío de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social.
"El objetivo es continuar con lo que estamos haciendo: cada niño o niña que nace en un hospital gubernamental o clínica privada sale con su certificado de nacimiento en los brazos", afirmó.
Reconocimiento a Funcionarios Civiles En este contexto, el Presidente de la JCE reconoció la eficiente y coordinada labor de los funcionarios del estado civil como guardianes del estado civil y garantes inmediatos del Registro Civil en los esfuerzos por eliminar el subregistro en la República Dominicana en el caso de los nacimientos de niños y niñas dominicanas.
Jáquez Liranzo enfatizó que esta responsabilidad constitucional es asumida con seriedad, firmeza, perseverancia y celo por toda la estructura institucional. Reiteró el compromiso de continuar modernizando y fortaleciendo el registro civil junto con las instituciones firmantes, impulsando iniciativas que fortalezcan la interoperabilidad, la cooperación y la calidad de los servicios en beneficio de la niñez, concluyendo que la identidad no solo abre la puerta a la ciudadanía y la inclusión, sino que también representa la soberanía nacional.
Algunas de las mejoras destacadas en la Ley 4-23 incluyen la ampliación del plazo de declaración de nacimiento de 60 a 180 días, la autorización de 72 delegaciones a centros hospitalarios públicos y privados y la eliminación de barreras judiciales para la aprobación de declaraciones previas a las declaraciones tardías del tribunal general. La ley antes mencionada se mantiene, eliminando así costosos obstáculos burocráticos.
La renovación del contrato, con vigencia de 2026 a 2030, se realizó en el Salón Cariátides de Palacio Nacional.
