El Ministerio de Educación ha finalizado la revisión de los expedientes de amortización de préstamos de contratistas
Santo Domingo. -El Ministerio de Educación dijo hoy que terminó de procesar expedientes relacionados con el pago de más de RD$4,000 millones adeudados a contratistas por servicios de mantenimiento y obras de infraestructura escolar.
El cumplimiento de estos compromisos está contemplado en la Ley 16-26, que ordena el pago a los contratistas estatales de las deudas contraídas por obras públicas realizadas con o sin contratos formales.
El ente oficial dijo que ha remitido esos expedientes al Ministerio de Finanzas y Economía, institución que se ocupa del pago de ese préstamo, para continuar con los trámites que manda la citada ley.
"De esta manera, el MINERD cumple con las funciones que le atribuye la ley antes mencionada y formaliza el traslado del proceso a las autoridades competentes para su conocimiento y decisión", señaló el organismo estatal.
A través de un documento firmado por el ministro Luis Miguel de Camps, la institución notificó al Ministerio de Hacienda y Economía, como organismo encargado de presidir la comisión creada por ley, para iniciar procedimientos relacionados con reclamaciones derivadas de obras realizadas con o sin contratos formales.
MINERD recuerda que la Ley núm. 16-26, promulgada el 1 de mayo de este año, establece un procedimiento especial para la revisión, evaluación y validación de dichos reclamos, cuya facultad recae en la comisión formada por el poder legislativo y presidida por el Ministerio de Finanzas y Economía.
La institución precisó que, una vez cumplidas las actuaciones administrativas que le corresponden, las instancias consideradas en la ley deberán continuar con las etapas de revisión, validación y decisión de los expedientes presentados de conformidad con el marco legal vigente.
La Cartera Educativa reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones legales, al tiempo que reiteró su disposición a cooperar con las autoridades competentes en todo caso necesario para la adecuada aplicación de la Ley N° 16-26.
