Panorama Nacional. – El senador Antonio Taveras Guzmán presentó una propuesta para modificar varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de fortalecer la garantía constitucional de la libertad de expresión y prensa, adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad y proteger a los medios de sus excesivas restricciones.
El legislador explicó que la iniciativa busca consolidar el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que disposiciones penales vagas o desiguales restrinjan el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, crítica e información.
Entre los cambios propuestos está la modificación del artículo 208, que trata sobre difamación, para establecer que sólo son punibles las denuncias de información falsa al público que afecte el honor o la reputación de una persona. La propuesta suprime las penas de prisión para estos delitos y las reemplaza por multas de tres a ocho salarios mínimos en el sector público, además de la correspondiente restitución civil.
Respecto al artículo 209, ACN la llamada difamación extorsiva, Taveras Guzmán propuso transformarlo en una forma de difamación agravada. La iniciativa reduce la pena actual de cinco a diez años de prisión y la reemplaza por una autorización de prisión de quince días a menos de un año cuando la difamación se utiliza para obtener un beneficio indebido o obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto perjudicial para sus intereses.
De igual forma, la modificación del artículo 210 sobre difamación busca proteger la libertad de opinión y crítica, limitando la injerencia delictiva a lo que se considera grave e intencionado. En estos casos también se excluyen las penas de prisión y sólo se establecen sanciones pecuniarias y daños civiles asociados.
El senador propuso adaptar el artículo 212 para evitar que los medios de comunicación cierren, suspendan sus operaciones, revoquen licencias, confisquen equipos o cualquier otra medida que limite sus actividades para evitar violaciones al honor o la privacidad.
Según el legislador, estas restricciones son incompatibles con los principios constitucionales que garantizan la libertad de prensa y expresión.
La iniciativa también contempla derogar el artículo 310, que castiga la injuria a un funcionario o servidor público. Taveras Guzmán argumentó que esta figura otorga protección penal privilegiada a quienes ejercen funciones públicas, restringe el escrutinio ciudadano y contradice el principio de igualdad ante la ley.
El senador sostuvo que los cambios propuestos buscan modernizar el marco jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, fortaleciendo el equilibrio entre la protección de la dignidad, la libertad de expresión y la integración democrática.
