Pena que podría enfrentar el menor imputado en caso CONANI
Un adolescente fue asesinado en una casa a medio construir Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) hLa prohibición de menores y la responsabilidad del Estado de proteger a los niños bajo su custodia ha suscitado un intenso debate
Ley 136-03, que establece el Código de Protección a la Niñez y Derechos FundamentalesNiñas y Adolescentes, reformada por la Ley 106-13, establece que la pena máxima para un menor es de ocho años de prisión. Sin embargo, esta sentencia varía dependiendo de la edad.: Los menores de 13 años no son penalmente responsables; 13 a 15 años, pena de uno a cinco años; y entre 16 y 18 años, de uno a ocho años.
Abogado Ian Carlos Abad Explicó que, más allá de las sanciones penales, el caso abre la posibilidad a que los padres de las víctimas demanden al Estado o institución, argumentando que los niños en hogares de acogida deben estar más protegidos.
Abogado Ian Carlos Abad
"Se supone que los menores de edad en estas instituciones están bajo una especial seguridad y supervisión, por lo que incidentes de esta magnitud generan responsabilidad institucional", afirmó.
El jurista agregó que la tragedia pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de seguimiento y atención en los centros de protección, pues la ley no sólo busca sancionar, sino velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Los expertos advierten que la violencia entre los adolescentes refleja un trauma emocional y una falla de los sistemas de apoyo emocional. Los asesinatos que ocurren por negligencia de los trabajadores revelan la saturación y debilidad de los sistemas de seguridad.
Organizaciones sociales insisten en que la responsabilidad del Estado no se limita a sancionar a los adolescentes involucrados, sino a garantizar que los hogares de transición sean lugares seguros y libres de violencia.
El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de protección infantil de República Dominicana y la capacidad de las instituciones para prevenir situaciones de violencia entre los menores bajo su cuidado.
La preocupación nacional por los asesinatos ha puesto en el centro del debate la aplicación de la Ley 136-03 y la obligación del Estado de garantizar un entorno seguro para los menores.
