"Cookie sin manos" de JCE (Me gusta). ACN

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Con un comunicado oportuno y específico (fechado el 5-8-2026) emitido por la Junta Central Electoral (JCE), se dio un fuerte y poderoso "cortador de galletas" a la estrategia política del gobierno no afiliado al PRM, que apunta a reducir en un 50% las asignaciones económicas a los partidos políticos y al actual sistema político y electoral previsto por el 2/3/3 (2/3) de la Constitución.
Para los dominicanos, "galleta sin manos" significa "silenciar o no responder a alguien de manera elegante y sin violencia física". Es una acción moral contra una persona o institución que ha actuado mal, que ha mentido o que ha actuado con soberbia y soberbia. Vamos a ver:
Como resultado final de un consejo de gobierno, el último 1 m. En mayo, los portavoces anunciaron la "implementación de un plan de austeridad para hacer frente a la crisis económica provocada por la guerra en Oriente Medio" para ahorrar 40.000 millones de dólares.
Con una nueva manifestación de reforma política; Entre el paquete de medidas aprobado sólo había una cifra y un dato concretos: "¡Reducir en un 50% la asignación presupuestaria para los partidos políticos!" ¿Se ganaron aplausos o galleta sin manos de la JCE?
Ante demandas formales de 24 partidos políticos, la JCE, en función de sus competencias, expresó su posición institucional al gobierno no afiliado al PRM, con estas expresiones:
"En el presupuesto general de la nación para 2026 se ha reducido la asignación a los partidos políticos del 0,25% del ingreso nacional al 0,12%, tal como lo establece la ley orgánica de gobernanza electoral, la propuesta de reducción de la asignación afectará nuevamente los planes financieros, organizativos, operativos, educativos y logísticos, así como los compromisos asumidos por los partidos políticos. En el presupuesto general de 2026."

La JCE, en su pronunciamiento al respecto, agregó también esta sabia sugerencia: “Las autoridades competentes deben actuar de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, respecto del sistema democrático y de las normas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de partidos, la competencia electoral “sana y justa”, así como el cumplimiento de reconocidos objetivos esenciales para la organización política.
"Reiteramos, de implementarse la reducción presupuestaria, tendrá un impacto negativo en los principios de certeza, legitimidad e integridad electoral, además de la igualdad en la competencia, la seguridad jurídica electoral y la práctica de la democracia sustentada en el sistema de partidos".
Luego de que quedaron claras las maquinaciones políticas del gobierno del PRM-Abinadar, gracias al espíritu unido y fuerte de la oposición política y la “galleta de traspaso” que dio la JCE, nos preguntamos:
¿Persistirá el gobierno en sus maquiavélicas propuestas para estrangular económicamente a la oposición? ¿Se atreverán a abusar de su mayoría mecánica en el Congreso Nacional y presentar un proyecto de ley para recortar el 50% de las asignaciones constitucionales y estatutarias de los partidos políticos?
Esta reflexión es una sugerencia sólida y sincera para que los estrategas del PRM y los asesores de marketing político de los gobiernos utilicen el sentido común, la lógica política y el deber de respetar las instituciones gubernamentales y las leyes sociales y democráticas que no cumplen con el PRM. Porque no tienen poder para perturbar, y mucho menos perturbar, la paz social y política que el pueblo dominicano ha disfrutado durante décadas.
La trampa política que quedó al descubierto con la imprudente propuesta de reducir en un 50% la asignación económica de los partidos políticos, por la acción prudente y unánime de los partidos de oposición y el “cortador de galletas” de la JCE, podría ser el gobierno del PRM hoy y la oposición mañana.
También porque el PRM “goza” temporalmente del “control” de los bienes del Estado y de “otros ingresos de dudosa procedencia”; Ante esta nueva situación no les queda más remedio que:
Dejar sin efecto la dañina intención de estrangular económicamente a los partidos políticos utilizando la tendencia negativa de la segunda reducción inconstitucional e ilegal (50%) de la partida presupuestaria correspondiente a los partidos políticos. ¡Claro, ni siquiera agua!
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